David Luna, quien trabaja como jefe de debate en la campaña presidencial de Paloma Valencia, decidió recurrir a los canales legales para cuestionar al Gobierno. Presentó un derecho de petición ante la Dirección Nacional de Inteligencia solicitando que aclare si existe o no una operación denominada "Grecia", supuestamente diseñada para monitorear a miembros de la oposición en el país.

En su escrito, Luna fue directo al punto: "He recibido información sobre la existencia y ejecución de una operación de inteligencia, denominada 'Operación GRECIA', en la cual mi nombre podría estar involucrado o sobre la cual se habría recopilado información relacionada conmigo". El politólogo advirtió que desconoce completamente los detalles de esta supuesta operación y eso le genera inquietud. Manifestó su preocupación por "la potencial afectación o vulneración de mis derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre, la seguridad personal, el debido proceso y, en general, la dignidad humana, al ser objeto de actividades de inteligencia sin mi conocimiento ni justificación aparente".

Luna fue específico en lo que solicita. Pidió que la DNI le entregue detalles sobre cualquier información recopilada sobre su persona, qué autoridad ordenó tales acciones y cuál es el sustento legal para hacerlo. También requirió saber qué medidas se han tomado para proteger sus derechos a la honra, el buen nombre y el debido proceso. Adicionalmente, pidió que la Unidad Nacional de Protección le informe si ha coordinado operaciones de seguimiento o monitoreo que lo involucren.

Las denuncias no son aisladas. Paloma Valencia, candidata presidencial, rechazó estas prácticas y se mostró solidaria con el también aspirante Abelardo De la Espriella, quien había denunciado previamente interceptaciones. Valencia fue contundente: "La presunta y casi segura interceptación de las campañas de oposición es muy grave". Cuestionó directamente al presidente Petro: "Qué hace Petro con sus agencias de inteligencia escuchando conversaciones de las campañas, esto sería sumamente grave y el presidente le debe una respuesta al país".

Miguel Uribe Londoño, otro candidato presidencial, se sumó a los cuestionamientos. Aunque enfatizó en la obligación del Gobierno de proteger a los aspirantes, sus palabras resonaron con dolor. Recordó que a su hijo, quien también fue candidato, le negaron protección y fue asesinado. "La protección para los candidatos presidenciales es de vital importancia. El gobierno está obligado a darnos esa protección. A Miguel, mi hijo, que era candidato, se la negaron, por eso lo mataron. Exigimos que el gobierno nos proteja como debe ser y que nos siga desde el mismo gobierno hostigándonos con la violencia verbal", expresó.