El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Bernardo Camacho como superintendente nacional de Salud el 14 de abril, y apenas un día después anunció el nombramiento de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, para asumir el cargo. La hoja de vida fue publicada por Presidencia a las 4:28 p.m. del 15 de abril. Con esta decisión, el gobierno coloca a Quintero en un puesto de responsabilidad estratégica en el sistema de salud mientras enfrenta investigaciones por presunta corrupción en su anterior gestión administrativa.

El anuncio desató una lluvia de críticas desde la oposición. El representante y senador electo del Centro Democrático Andrés Forero cuestionó duramente la decisión, argumentando que Quintero carece de experiencia en el sector salud. "Petro perdió todo escrúpulo y toda vergüenza. En plena crisis de salud nombra a Daniel Quintero como superintendente de Salud, que no sabe de salud, pero sí de escándalos y está acusado de robarse Medellín. Desde el Congreso frenaremos sus arbitrariedades y desatinos", expresó Forero. El congresista también apuntó contra el senador Iván Cepeda, diciendo que su "revolución ética" se reduce a respaldar el nombramiento de Quintero en medio de la peor crisis de salud que ha enfrentado el país.

Ante su designación, Quintero se pronunció a través de redes sociales, echando la culpa del colapso sanitario al uribismo y los gobiernos neoliberales anteriores. "Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos", aseguró. Agregó un mensaje emotivo sobre las víctimas: "Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida. Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia".

Sin embargo, detrás de estas promesas están investigaciones que mantienen a Quintero en la mira de la justicia. En este momento tiene curso un juicio por una contratación de 18.000 millones de pesos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y los bomberos de Itagüí. Laura Mejía, exjefa del área logística del AMVA, se convirtió en testigo clave al revelar documentos sobre un presunto entramado corrupto que operó en la entidad. Según las investigaciones, en esto estuvo involucrado Miguel Quintero, hermano del exalcalde. Hasta ahora hay 55 imputados ligados a su administración, incluyendo secretarios, subsecretarios, directores y contratistas.

Los casos de corrupción investigados son variados. Está el del lote de Aguas Vivas, donde presuntamente Quintero y su círculo intentaron beneficiar a privados. También el programa Buen Comienzo de atención a la primera infancia, donde aparentemente querían favorecer a contratistas allegados. Otros investigados involucraban contratos firmados cuando ya estaba vigente la ley de garantías. A pesar de esta avalancha de investigaciones respaldadas por fiscales y jueces, Quintero ha optado por deslegitimar la justicia y argumentar, sin pruebas, que es víctima de persecución política, un discurso que ha utilizado frecuentemente en redes sociales.

Mientras tanto, el gobierno también colocó al exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como interventor de Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados del país con 11,5 millones de personas. Ospina también ha generado tensiones dentro del ejecutivo. El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo lo cuestionó públicamente luego de que Ospina declarara en Blu Radio que la UPC (Unidad de Pago por Capitación) no cubre adecuadamente los costos de los servicios. El ministro respondió que "¿Pero qué sabe el doctor Ospina?, que no tiene ni idea de cómo es que se hacen los parámetros para saber cómo es la suficiencia", según declaró en entrevista con Caracol Radio.

El panorama genera interrogantes sobre los objetivos del gobierno Petro al colocar a sus aliados en posiciones clave cuando apenas le restan cuatro meses de mandato. En medio de una crisis de salud que ha dejado historias de dolor, como la de Kevin Acosta, un niño de siete años cuya muerte fue certificada por la Procuraduría como consecuencia directa de las fallas de Nueva EPS, el gobierno apuesta por cambios de fondo que los críticos ven como más políticos que efectivos.