En Montería, Córdoba, Marnedis Ramos pasa sus días en una lucha contra el agua que arrasó con su hogar. Durante los últimos diez días ha ido a su casa acompañada por sus hijos para sacar lo que queda de la inundación, pero duerme donde un primo que los acogió cuando el agua llegó. La viuda perdió una nevera, un televisor, una licuadora y muebles que tardó años en conseguir. Hasta ahora, no ha recibido ninguna ayuda de las autoridades del Gobierno Nacional. "Si mi primo no nos hubiera podido prestar ayuda, no sé qué hubiera sido de nosotros. Estamos recogidos allá donde él", cuenta mientras recuerda que tampoco logró acomodar a una de sus nietas, que tiene discapacidad mental, en los albergues disponibles porque no reunían las condiciones necesarias. Su historia se repite en más de 68 mil familias del departamento, donde 40 mil hectáreas quedaron bajo agua.

La emergencia es nacional. El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó una nueva emergencia económica para atenderla, pero surgió una polémica importante. La Contraloría General de la República cuestionó esa decisión argumentando que el dinero sí existe. El ente de control fiscal aseguró que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo reporta 1,69 billones disponibles y reservas presupuestales de 2025 cercanas a 1 billón. Según la Contraloría, esa plata podría utilizarse sin necesidad de decretar nuevas medidas extraordinarias. La entidad activó un seguimiento especial a los recursos destinados a los damnificados y requirió información detallada a la UNGRD sobre el Plan de Acción Específico diseñado para atender la contingencia. "Hará seguimiento al paquete de medidas tributarias que se ejecutará en el marco de la implementación del nuevo decreto de emergencia, advirtiendo que cada recurso que se recaude deberá ser destinado única y exclusivamente para lo que se decretó esta emergencia y en este sentido la Contraloría verificará su recaudo, destinación y uso", anunciaron en un comunicado.

Los inspectores de la Contraloría participarán en los Puestos de Mando Unificado en los territorios afectados y realizarán verificaciones junto a personerías y veedurías ciudadanas para supervisar la entrega de ayudas. Durante estos seguimientos han identificado problemas serios en la coordinación entre municipios, departamentos y la UNGRD, lo que ralentiza la atención de las familias. También descubrieron que hay zonas donde todavía no llegan ayudas humanitarias y algunos municipios ni siquiera han reportado el listado oficial de afectados, dificultando una respuesta rápida e integral.

La situación no es nueva. En 2023 ya habían advertido a la UNGRD por la lenta ejecución de recursos de un decreto anterior que declaró una situación de desastre nacional. En aquella ocasión afectaron 21 departamentos y 390 municipios por el fenómeno de La Niña y el huracán Julia. Hay cinco procesos de responsabilidad fiscal por 62 mil 389 millones relacionados con hechos en Puerto Boyacá, Tolima y La Mojana. La UNGRD respondió que los recursos de años anteriores tienen destinación específica y respaldan compromisos jurídicos previos, por lo que no están disponibles. El director, Carlos Carrillo, anunció que sostendría una reunión con la Contraloría para aclarar el tema.

El panorama a nivel nacional es desolador. Al 14 de febrero, la UNGRD reportaba 94 mil 431 familias, es decir 254 mil 531 personas afectadas por las fuertes lluvias en diferentes regiones. Se han documentado 149 emergencias en más de cien municipios, con un saldo de al menos 17 muertos, 11 mil 216 hectáreas inundadas, 18 mil 232 viviendas averiadas y 4 mil 99 viviendas destruidas. Después de Córdoba, los departamentos con mayor número de familias afectadas son La Guajira con 11 mil 286, Antioquia con 3 mil 886, Chocó con 3 mil 393 y Sucre con 1 mil 562. En Sucre, el desbordamiento de los ríos Cauca y San Jorge mantiene en alerta máxima a las comunidades de La Mojana. "Acá estamos esperando a ver qué ayuda nos dan porque, de igual forma, yo soy viuda, no tengo refugio y apenas tengo el de mis dos hijos. En la casa nos subió el agua como un metro y medio", añade doña Marnedis, resumiendo en pocas palabras la angustia de miles.

Las autoridades habilitaron canales para que los damnificados accedan a ayuda. Deben dirigirse a las alcaldías y gobernaciones a través de sus Concejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo, o a los Puestos de Mando Unificado presentes en cada territorio. Pero mientras esto ocurre, expertos en salud lanzan otro alerta inquietante. La Asociación Colombiana de Infectología advirtió que esta emergencia no solo deja daños materiales. Las inundaciones contaminan las fuentes de agua potable, provocan desbordamiento de alcantarillados y aumentan la presencia de roedores. Cuando las familias se hacinan en albergues temporales, crecen los riesgos de infecciones respiratorias y cutáneas, y se interrumpen programas de vacunación y controles epidemiológicos. La devastación, parece, apenas comienza para los colombianos afectados.