Durante un operativo de inspección, el Dadsa descubrió una actividad que llevaba años funcionando en las sombras: la comercialización de agua sin ningún tipo de permiso oficial. Lo que encontraron fue un pozo clandestino instalado en la parte trasera de una vivienda, desde donde captaban y distribuían agua para que las personas la consumieran sin garantía alguna de que fuera segura.

La autoridad ambiental utilizó tecnología de drones para verificar la existencia del pozo y confirmar que efectivamente estaban extrayendo agua de manera irregular. Una vez comprobado, impusieron una medida preventiva que obligó al responsable a detener inmediatamente la operación y a iniciar los trámites necesarios para regularizar la actividad ante las entidades competentes.

El Dadsa fue claro sobre lo que debería haber pasado desde el principio: quien vende agua para consumo humano necesita análisis de calidad hechos por un laboratorio acreditado por el Ideam, además de un concepto favorable de la Secretaría de Salud que certifique que el agua es apta para beber. Nada de esto existía en esta operación.

Pero el problema va más allá de solo vender agua sin permiso. Las autoridades recordaron que estas captaciones ilegales afectan el equilibrio ambiental del distrito y comprometen el acceso equitativo al agua para todos. En Santa Marta, donde el recurso hídrico es escaso y valioso, prácticas como esta agravan aún más la situación.

El Dadsa hizo un llamado directo a la comunidad y a quienes estén metidos en negocios similares: es hora de cumplir con la ley. Y aclaró algo importante que muchos creen que los ampara: el desconocimiento de la normativa no los exime de responsabilidades. En otras palabras, nadie puede decir que no sabía que estaba cometiendo una infracción ambiental y sanitaria.