En Cartagena, la situación sigue complicada para decenas de trabajadores del Nuevo Hospital de Bocagrande que llevan meses esperando sus salarios. Esta martes, el DADIS vuelve a intentar algo que ha tratado de hacer durante varios meses: sentarse a una mesa con Coosalud EPS y el hospital para buscar soluciones reales que descongelen los recursos y paguen lo que se debe.

El DADIS ha estado mediando en esta crisis desde hace tiempo. Ha organizado múltiples reuniones y espacios de concertación buscando que las partes lleguen a acuerdos sobre pagos y flujo de dinero hacia la institución hospitalaria. Incluso ha habido avances, según reconoce la Veeduría en Salud Color Esperanza, que ha destacado el trabajo constante de la entidad distrital como facilitadora del diálogo entre estas instituciones y las autoridades nacionales.

Sin embargo, el principal problema es que Coosalud está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Esto significa que cada vez que llega un nuevo auditor, interventor o representante a la EPS, tiene que empezar casi de cero. Los acuerdos que antes se habían discutido y socializado deben retomarse, lo que genera retrasos enormes y aplaza compromisos que ya habían sido concertados. Es como regresar a la casilla de salida cada cierto tiempo.

Mientras tanto, los trabajadores del hospital son los que cargan el peso de toda esta situación. Día a día garantizan la atención de miles de cartageneros, pero viven en la incertidumbre de no saber cuándo cobrarán. La Veeduría ha sido clara al señalar que "La salud de los cartageneros y los derechos laborales de quienes hacen posible la prestación de los servicios deben estar por encima de cualquier diferencia administrativa. Los trabajadores necesitan respuestas concretas, pagos efectivos y estabilidad laboral".

La organización también hizo un llamado directo al Gobierno Nacional, a la Superintendencia Nacional de Salud y a las directivas de Coosalud para que tomen decisiones definitivas y oportunas. No se trata solo de mantener mesas de diálogo, sino de resolver de fondo los problemas de las EPS intervenidas y evitar que los trabajadores sigan siendo víctimas de los retrasos administrativos.

Cartagena necesita soluciones que duren. No más promesas que se desvanecen cuando cambia la administración en una EPS. La salud pública de la ciudad y los derechos de quienes la hacen posible están en juego.