La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) dio un frenazo a la ambición constructiva de la Alcaldía de Montelíbano. Mediante la Resolución 0722 del 15 de mayo de 2026, la entidad ordenó detener de forma inmediata por 90 días todas las obras que se realizaban en los humedales La Candelaria e Isla CVS, tras verificar lo que describe como presuntas afectaciones ambientales de gran impacto. La orden trae consigo la apertura de una investigación administrativa ambiental contra el municipio, con el alcalde Gabriel Calle Demoya como responsable de la administración.

Lo que la CVS encontró en el terreno no deja lugar a dudas sobre lo grave de la situación. Los expedientes técnicos revelan que la Alcaldía metió maquinaria pesada para ejecutar la primera fase del proyecto "Parque Ecológico para que Montelíbano sea Diferente", todo esto en una zona catalogada como de amenaza alta por inundación y sin los permisos obligatorios como ocupación de cauce y aprovechamiento forestal. Peor aún, la administración municipal siguió adelante a pesar de advertencias previas de la CVS sobre las restricciones ambientales y los riesgos de intervenir en esa área.

El daño documentado es significativo. En aproximadamente 10 hectáreas de humedal se talaron de manera ilegal al menos 16 árboles de especies nativas como la ceiba barrigón, el campano y la palma de vino. Además, hubo movimientos de tierra, rellenos no autorizados, compactación del suelo y lo que la CVS presume fue el taponamiento de un arroyo que desemboca en el río San Jorge. Como si fuera poco, se construyó un canal artificial para modificar el flujo natural del agua, alterando completamente la dinámica de estos ecosistemas protegidos.

La fauna también pagó el precio. Chigüiros, iguanas, serpientes coral y aves endémicas han visto alterados sus hábitats por estas intervenciones. Son especies que dependen de estos humedales para sobrevivir, y ahora enfrentan una realidad muy diferente a la que conocían.

La decisión de la CVS es de cumplimiento inmediato y no admite recursos legales, lo que significa que la Alcaldía no tiene cómo echar marcha atrás. Pero la cosa no para ahí. Copias del proceso fueron enviadas a la Procuraduría Agraria y Ambiental de Córdoba para que evalúe si hubo faltas disciplinarias de los funcionarios involucrados en estas obras. La Policía y autoridades locales también fueron vinculadas para garantizar que se cumpla la suspensión y se eviten nuevas intervenciones en estos ecosistemas.