Las curules de paz corren un riesgo creciente. Según la Misión de Observación Electoral, 103 de los 168 municipios que conforman estas circunscripciones especiales están bajo amenaza por la combinación peligrosa de violencia y fraude. Eso significa que más del 61% del territorio donde se elige a los representantes de las víctimas del conflicto enfrenta condiciones que comprometen la integridad de los comicios.

Estas 16 curules fueron creadas como una medida de reparación para garantizar que las víctimas tuvieran voz en el Congreso. A pesar de representar apenas el 3,2% del censo electoral nacional, tienen la capacidad de elegir el 9% de los representantes. Sin embargo, el panorama se ha deteriorado notablemente. Hace cuatro años, en 2022, el 76% de estos municipios presentaba riesgo por violencia. Hoy esa cifra ha escalado a 96,4% para 2026. Casi la totalidad de estos territorios está bajo influencia de grupos armados ilegales.

Lo más preocupante es que el riesgo no es coyuntural sino estructural. Los municipios que enfrentan amenaza en 2026 son, en su mayoría, los mismos que ya estaban en peligro cuatro años atrás. Además, 63 municipios están en situación de riesgo extremo, lo que representa un aumento del 45% comparado con 2022. Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, fue claro al respecto: "La promesa de las CITREP es garantizar la representación de las víctimas. Si no se asegura un entorno libre de presiones armadas y se vigilan de cerca las atipicidades en la votación, ponemos en riesgo la legitimidad y misionalidad de estas curules".

Tres regiones enfrentan desafíos críticos. En el Cauca, Nariño y Valle hay 12 municipios en situación extrema. En el Bajo Cauca antioqueño, la cosa es aún más grave: 11 municipios están en riesgo extremo, lo que equivale al 92,3% de toda esa subregión. En el sur del Meta y Guaviare, diez de los doce municipios presentan algún nivel de riesgo. Rubiano ha sido insistente ante el Ministerio del Interior y la Fuerza Pública para que establezcan una comisión de seguimiento electoral. "Están con unas medidas de seguridad absolutamente débiles frente a lo que está ocurriendo, es necesario que se ponga un ojo especial en estos territorios que están enfrentando una campaña en medio de las dificultades de financiación electoral y de seguridad", advirtió el experto.

A los problemas de violencia se suma una amenaza natural que podría agravar aún más la crisis. Tres circunscripciones están en alerta roja por la temporada de lluvias: el sur de Córdoba, el sur de Bolívar y el Pacífico medio. Según la MOE, esta situación podría afectar 161 puestos de votación. A nivel nacional, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales reporta que hay 2.884 puestos de votación ubicados en zonas de alerta roja. En esos lugares podrían votar más de 5.5 millones de personas, equivalente al 13,4% del censo electoral nacional.

La MOE también hizo un llamado a las autoridades de vigilancia para que acompañen la distribución de ayudas humanitarias en estos territorios. La preocupación es que políticos en campaña puedan aprovechar estos actos de emergencia para influir en los votantes. Además, la Misión reporta que las candidaturas para estas curules se redujeron en un 48% respecto a las elecciones anteriores, lo que refleja el clima de inseguridad que rodea estos procesos. Las promesas de las curules de paz enfrentan ahora su prueba más difícil.