Después de casi un año de investigación, la Gobernación de Cundinamarca llegó a una conclusión contundente: el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe de Cajicá es administrativamente responsable de lo que pasó con Valeria Afanador. A través de la Resolución 004627 del 19 de junio de 2026, la Secretaría de Educación departamental declaró que el establecimiento incurrió en una infracción grave contra las normas que rigen la educación pública y ordenó cancelar su licencia de funcionamiento. El cierre entrará en vigor una vez termine el calendario académico de este año.

La tragedia que marcó a esta comunidad escolar ocurrió el 12 de agosto de 2025. Valeria, una niña de apenas 10 años, desapareció durante un receso dentro de las instalaciones del colegio. Según los reportes, después de que un profesor de educación física le entregara un balón, la menor se fue sola hacia la zona deportiva. Nadie volvió a verla. Lo que siguió fue un operativo de búsqueda sin precedentes: más de 200 personas entre policías, militares, fiscales y rescatistas rastrearon durante días los alrededores del plantel y las zonas cercanas al río Frío, con ayuda de drones y perros especializados. Dieciocho días después, el 29 de agosto, hallaron el cuerpo de Valeria flotando en el río, apenas a 300 metros del colegio. La autopsia confirmó que murió ahogada el mismo día de su desaparición, sin señales de violencia física.

En paralelo, la Fiscalía ha solicitado que se impute por homicidio culposo a dos personas vinculadas con la institución. Los investigadores buscan establecer si hubo negligencias u omisiones en los deberes de vigilancia que debían proteger a la estudiante. La Gobernación también remitió el expediente a la Fiscalía General de la Nación para que continúe con las actuaciones que estime necesarias.

Ahora bien, la sanción contra el colegio aún no es definitiva. Los abogados de la institución pueden presentar recursos legales para impugnarla, por lo que el Gimnasio Campestre Los Laureles seguirá funcionando normalmente mientras se resuelve todo el proceso administrativo. La rectora, Sonia Ochoa Daza, tiene hasta el 31 de octubre para presentar un plan de reubicación para todos los estudiantes matriculados. Es un cierre que viene, pero que todavía está en disputa.