Cuando la jueza Carmen Luisa Terán Suárez ordenó la libertad condicional de Carlos José Mattos Barrero, no fue una decisión caprichosa ni improvisada. Detrás de esa orden judicial hay una serie de requisitos legales que, paso a paso, fueron cumpliendo las condiciones necesarias para que un juez de ejecución de penas autorizara su salida bajo vigilancia.

La razón principal es sencilla: Mattos ya había cumplido las tres quintas partes de sus condenas, que es el umbral mínimo que exige la ley colombiana para acceder a libertad condicional. Sin ese tiempo cumplido en prisión, simplemente no habría habido libertad posible.

Pero el camino no terminó ahí. El empresario presentó una solicitud de acumulación de penas, una maniobra legal que permitió unificar sus condenas y contar el tiempo de forma más expedita hacia ese requisito fundamental. Además, renunció al recurso extraordinario de casación en los dos procesos en los que fue condenado. Al desistir de esta vía judicial, dejó las sentencias en firme, lo que aceleró el paso hacia la fase de ejecución de la pena y con ella, la posibilidad de solicitar beneficios como la libertad condicional.

Durante su tiempo encerrado, Mattos también se acogió a mecanismos de redención de pena que contempla el sistema penitenciario colombiano. Realizó actividades de estudio y trabajo, incluso publicó un libro, lo que le permitió descontar parte de su tiempo de condena. Estos descuentos suelen ser determinantes cuando los jueces evalúan solicitudes de este tipo.

Al momento en que se le concedió la libertad condicional, Mattos no estaba en una celda sino en detención domiciliaria desde febrero de 2023, medida que le habían otorgado por razones de salud. Este detalle no garantiza la libertad condicional, pero forma parte del análisis que hacen los jueces sobre el comportamiento y las condiciones del condenado.

Lo que complica el panorama es que Mattos fue condenado precisamente por sobornar a jueces para conseguir decisiones a su favor en su pleito contra la matriz de Hyundai, un caso que destapó una red de corrupción dentro de la justicia colombiana. Recientemente, además, intentó obtener un principio de oportunidad para librarse de un nuevo proceso por sus fugas irregulares de la cárcel La Picota, pero esa solicitud le fue negada.

La decisión de la jueza Terán Suárez ha levantado más polvareda porque ella misma está bajo investigación disciplinaria por otra concesión de libertad condicional que otorgó en un caso distinto. Con todo esto sobre la mesa, la libertad de Mattos no fue resultado de un capricho judicial, sino de la suma de condiciones legales cumplidas: tiempo de condena, redención, firmeza de sentencias y evaluación del juez. La discusión que permanece abierta es si esos beneficios son justos cuando se trata de alguien condenado por corromper a la justicia misma.