La Fiscalía General de la Nación avanzó en la judicialización de cuatro policías de la estación de San Vicente Ferrer, en el oriente antioqueño, señalados de someter a torturas a un campesino con el propósito de hacerlo confesar dónde estaba una supuesta caleta con armas y dinero.

Los implicados son el intendente Rodolfo Herrera Hernández, los subintendentes Yonerse Alejandro Álvarez Marín y Sor Ángela Sánchez Duque, y la patrullera María Gabriela Yáñez Rodríguez. Según los elementos de prueba que recopiló la Fiscalía, el 9 de julio de 2025 sacaron al hombre esposado de la estación de policía usando engaños y lo llevaron a una zona rural de La Ceja. Allí le mostraron una pica y una pala, y le amenazaron directamente: lo iban a enterrar en ese lugar si no suministraba la información que buscaban.

La víctima logró escaparse de esa situación y corrió hacia una finca en La Unión, donde pidió ayuda. Una vez allí, fue puesto en contacto con unidades de la Dijin de la Policía Nacional para su entrega voluntaria. Mientras tanto, el intendente Herrera Hernández reportó formalmente a sus superiores, dos días después, que el hombre se había fugado durante un supuesto traslado médico, un relato que no correspondía a lo que realmente sucedió.

Un fiscal especializado de la Seccional Antioquia imputó a los cuatro policías por el delito de tortura. Además, formuló cargos adicionales contra Herrera Hernández por falsedad ideológica en documento público, por la falsa información que entregó sobre la fuga. Un juez penal de control de garantías determinó enviar a los cuatro uniformados a un centro carcelario como medida de aseguramiento. La defensa presentó apelación ante los jueces de segunda instancia.