Cuatro uniformados enfrentarán juicio por presuntamente trabajar como cómplices del mayor contrabandista del país. Los coroneles en retiro Alexander Galeano Ardila y Ricardo Orozco Baeza, el mayor retirado Mario Andrés Sarmiento Rojas y el intendente José Helí Alzate Moncayo serán procesados por concierto para delinquir agravado y cohecho. La Fiscalía sostiene que estos hombres permitieron el ingreso de mercancía ilegal por Cartagena a cambio de dinero en efectivo, facilitando así las operaciones del cabecilla Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo.

Un juzgado especializado de Bogotá validó gran parte del material probatorio que presentó la acusación durante una audiencia que se extendió casi cinco horas. Entre las evidencias están videos grabados en marzo de 2024 que contienen el testimonio del agente encubierto que se infiltró en la organización, capturas de pantalla de conversaciones del 17 de octubre de 2023 entre Marín y sus contactos, y fotografías de presuntos pagos realizados en establecimientos comerciales de Cartagena. El juez autorizó que estos videos y registros se reproduzcan durante el juicio oral. Sin embargo, no todo le pareció suficiente al despacho judicial: rechazó 34 imágenes de un informe del 23 de octubre de 2023 por considerarlas "impertinente y revestir escaso y prácticamente nulo valor probatorio". El funcionario cuestionó la falta de claridad sobre cuándo se tomaron esas fotos y su relación directa con los hechos.

El eje central de la investigación descansa en la información recopilada por el mayor Peter Steven Nocua, quien en 2023 se desempeñaba como jefe de la División de Control Operativo de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Cartagena. Según su denuncia, el mayor Sarmiento lo contactó y le exigió "un aporte de quince millones de pesos para los gastos del jefe", refiriéndose al entonces director de la Polfa. El dinero, según Nocua, fue financiado por el intendente Álvaro Galvis Acevedo, quien le entregó veinte millones de pesos. De esa suma, quince fueron para el pago solicitado y cinco quedaron con Nocua, presuntamente provenientes de actividades ilícitas.

Posteriormente, Sarmiento lo presentó ante Diego Marín en Bogotá. En ese encuentro, según consignó Nocua, Marín le entregó cinco millones de pesos y un celular iPhone configurado con la aplicación Cellcrypt para coordinar operaciones delictivas. A partir de entonces, Nocua fue autorizado por la Fiscalía como agente encubierto y participó en seis eventos diferentes dentro de la red criminal. Esta decisión surgió porque la Fiscalía sospechaba internamente que alguien estaba filtrando información privilegiada hacia Pitufo desde el propio proceso en su contra.

Según la declaración de Nocua, la estructura criminal tenía su centro en la dirección de la Polfa y estaba conformada por funcionarios de esta institución y de la DIAN, contrabandistas menores como Francisco alias Pacho o Millos, y Alex. El intendente Álvaro Galvis habría administrado una nómina paralela con pagos mensuales que variaban según el rango: tres millones y medio de pesos para patrulleros y cinco millones para suboficiales, a cambio de permitir el ingreso de contrabando. Dentro de la estructura había un intermediario conocido como Pupilo, quien canalizaba pagos y negociaciones evitando contacto directo con los cabecillas. Diego Marín también lo habría presentado con una persona identificada como José o Richard, quien actuaría como enlace entre funcionarios de la DIAN y la Polfa.

Es importante anotar que el proceso contra Marín Buitrago se encuentra estancado en Colombia porque el contrabandista permanece en libertad en Portugal a la espera de una decisión sobre su solicitud de asilo, lo que tiene congelada su extradición ya aprobada.