Cuatro policías de la Policía Nacional fueron enviados a un centro carcelario después de que la Fiscalía presentara pruebas que los vinculan con actos de tortura contra un hombre que estaba privado de la libertad en el oriente de Antioquia. El intendente Rodolfo Herrera, los subintendentes Yonerse Álvarez y Sor Ángela Sánchez, y la patrullera María Gabriela Yáñez enfrentan ahora medida de aseguramiento mientras avanza su proceso judicial.

Los hechos ocurrieron el 9 de julio de 2025 en San Vicente Ferrer. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la víctima fue sacada engañada de la estación de Policía y trasladada a una zona rural de La Ceja. En ese lugar fue intimidada con herramientas como una pica y una pala mientras los uniformados lo presionaban para que entregara información sobre la ubicación de una supuesta caleta donde habría armas y dinero. Incluso le habrían advertido que podría ser sepultado en el sitio si no colaboraba.

El hombre logró escapar y se dirigió a una finca en el municipio de La Unión, donde recibió ayuda. Luego entró en contacto con unidades de la Dijin de la Policía Nacional y se entregó voluntariamente. Dos días después, el 11 de julio, el intendente Herrera, quien era subcomandante de la estación de San Vicente Ferrer, reportó a sus superiores que el detenido se había fugado durante un traslado médico. Esta versión resultó ser falsa.

Un fiscal especializado de la Seccional Antioquia imputó a los cuatro policías el delito de tortura. Al intendente Herrera se le formuló un cargo adicional por falsedad ideológica en documento público, relacionado con el reporte de la supuesta fuga. Un juez penal de control de garantías avaló la solicitud de la Fiscalía y ordenó que los implicados permanecieran en centro carcelario mientras continúa la investigación.

La defensa de los procesados apeló esta decisión, por lo que un juez de segunda instancia revisará la medida impuesta. El caso sigue su curso en la justicia con las investigaciones que buscan esclarecer completamente lo sucedido.