Una tarde de domingo en Olaya Herrera se convirtió en tragedia cuando cuatro niños, con apenas entre 2 y 6 años de edad, pisaron minas antipersonal escondidas en el terreno. El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 p.m., cuando los menores ingresaron a un área que supuestamente contiene explosivos instalados por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura Alfonso Cano, un grupo que actualmente negocia con el gobierno de Gustavo Petro.

Los pequeños fueron llevados inicialmente a Tumaco para recibir los primeros auxilios, pero su estado requería atención más especializada. Por eso fueron trasladados al Hospital Universitario del Valle, donde continuaban bajo cuidado médico. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre su estado de salud actual.

El Ejército Nacional respondió con un fuerte rechazo a lo ocurrido. En un comunicado publicado en redes sociales, la institución afirmó que "Este repudiable hecho constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario por la utilización de medios y métodos ilícitos de la guerra, que atentan contra la vida, la integridad y la libre circulación de las personas, exponiendo de manera deliberada a la población civil". El comunicado también fue un llamado a organismos internacionales y defensores de derechos humanos para que condenen estas acciones de grupos ilegales que, según señalan, financian sus operaciones con negocios ilícitos.

Lo que pasó en Nariño es solo una muestra de un problema que ha perseguido a Colombia durante más de tres décadas. Desde los años noventa, la siembra de minas antipersonal ha dejado más de 12.500 víctimas en el país. Aunque la mayoría de los afectados son militares y policías, civiles como estos cuatro niños también pagan un precio alto. Los departamentos que viven esta realidad con mayor intensidad son Antioquia, Nariño, Cauca, Norte de Santander, Chocó y Guaviare, zonas donde la presencia de estos artefactos sigue siendo una amenaza latente para quien pise el terreno equivocado.

Las autoridades prometieron desplegar todas sus capacidades para "salvaguardar a las comunidades y contrarrestar las amenazas de los grupos armados organizados que delinquen en esta región del país". Pero mientras se esperan resultados en la mesa de negociaciones, historias como la de estos cuatro niños siguen escribiendo el costo humano de un conflicto que no termina.