Una tarde que cambió para siempre la vida de cuatro niños en Nariño. El domingo 19 de abril, en la vereda La Laguna zona rural de Olaya Herrera, estos menores activaron sin saberlo un campo minado que les causó heridas graves. Según las autoridades, tres de ellos presentan lesiones que podrían resultar en amputaciones, mientras que el cuarto permanece aturdido por el impacto de la explosión.

La respuesta fue rápida. Un helicóptero militar los evacuó de inmediato hacia el Hospital San Andrés de Tumaco donde reciben atención especializada. Sin embargo, todavía no hay un parte médico actualizado que detalle cómo evolucionan estos pequeños pacientes en las próximas horas.

Detrás de este suceso hay responsables. Las autoridades señalan que los explosivos fueron instalados por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, específicamente su estructura conocida como Alfonso Cano, un grupo armado residual que continúa operando en la zona.

Este accidente no es un caso aislado. Vuelve a visibilizar una realidad que sigue siendo letal en Colombia: las minas antipersonal siguen siendo una amenaza latente en territorios rurales donde hay presencia de grupos armados. Cifras oficiales indican que cerca del 15% del territorio nacional aún estaría contaminado con estos artefactos, y solo en lo que va de 2026 ya se han registrado varios incidentes con personas lesionadas.

Lo que viene después de la explosión es tan grave como el momento del impacto. Las víctimas cargan secuelas físicas profundas, como amputaciones que marcarán el resto de sus vidas, pero también secuelas psicológicas que requieren acompañamiento especializado. Desde distintos sectores se insiste en que es necesario fortalecer el apoyo integral a quienes resultan afectados y mantener la cooperación internacional para acelerar los procesos de desminado, un trabajo que continúa enfrentando limitaciones pese a algunos avances logrados en diferentes regiones del país.