Cuatro adolescentes de sexo masculino murieron el pasado 12 de junio cuando las Fuerzas Militares bombardearon un campamento del Clan del Golfo en la zona rural de Nuquí, en el departamento de Chocó. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó los decesos tras practicar necropsias a nueve cuerpos recuperados en el lugar. Los cuatro menores fueron identificados posteriormente en la sede de Medicina Legal de Quibdó.

La operación aérea, ejecutada por la Fuerza Aeroespacial, tenía como objetivo el frente Jhon Fredy Orjuela de la organización criminal. Después del bombardeo, tropas del Ejército ingresaron al campamento ilegal, donde encontraron los cuerpos de las víctimas y decomisaron un arsenal de armas.

El Clan del Golfo, que también se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, reconoció la presencia de menores en el lugar pero rechazó cualquier vinculación de estos con la organización. En un comunicado distribuido por redes sociales, el cartel afirmó que "cuatro menores de edad que se encontraban visitando a sus familiares en la zona murieron como consecuencia del bombardeo indiscriminado, que afectó seriamente a civiles que nada tienen que ver con el conflicto". El grupo también denunció que se violaron "los principios de proporcionalidad, ya que el daño a civiles es absolutamente excesivo, sin que de ese daño derive una ventaja militar en contra del EGC".

Las Fuerzas Militares rechazaron estas acusaciones. El Comando General respondió que "la operación se ejecutó contra un campamento plenamente identificado del Clan del Golfo en zona selvática" y que "la acción militar se dirigió exclusivamente contra combatientes ilegales con función continua de combate del Clan del Golfo". Además, aseguraron que "el objetivo fue un blanco militar legítimo, conforme a las normas del Derecho Internacional Humanitario" y que "se aplicaron los principios de distinción, proporcionalidad, necesidad y precaución, sin daños colaterales". La institución castrense precisó que de los nueve muertos en la operación, todos se encontraban "con armamento e intendencia".

Este bombardeo ocurre mientras el Clan del Golfo y el Gobierno Nacional adelantan conversaciones de paz desde 2025, con planes para instalar una Zona de Ubicación Temporal que concentre aproximadamente 500 combatientes con miras a una eventual desmovilización.

La muerte de menores en operaciones militares de la Fuerza Pública es un tema recurrente en el país. Las autoridades argumentan que los grupos criminales utilizan a los niños como escudos humanos para evitar operaciones en su contra. El caso más reciente anterior ocurrió el 10 de noviembre de 2025, cuando un ataque aéreo contra una guarida de disidentes de las Farc comandadas por "Iván Mordisco" en Guaviare dejó 20 combatientes ilegales muertos, entre ellos siete menores de edad.