Hace cuatro años, cuando Gustavo Petro entró a la Casa de Nariño en agosto de 2022, muchos colombianos vieron en él la posibilidad de un cambio real. Su discurso contra la corrupción, la desigualdad y la vieja política despertó esperanzas que no se veían hace tiempo. Pero al llegar al final de su mandato, lo que queda es un país profundamente polarizado, donde el balance depende completamente del lado desde el que se mire.

Para quienes lo apoyan, Petro intentó llevar a cabo un gobierno de reformas sociales enfrentando resistencias enormes de sectores que no querían cambios. Para quienes lo critican, fue una administración llena de improvisación, escándalos y resultados insuficientes que no cumplió sus grandes promesas de campaña. Recientemente, la aparición de "El Cronopetro", una página que hace una cuenta regresiva del tiempo restante del mandato y recopila noticias sobre controversias de la administración, refleja precisamente ese ambiente de inconformidad que existe en buena parte de la sociedad.

Uno de los golpes más duros para la credibilidad del gobierno fue la sucesión de escándalos que involucraron a altos funcionarios, ministros y contratistas cercanos al Ejecutivo. El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se convirtió en el símbolo más visible de esta crisis. Las investigaciones sobre la compra de carrotanques para La Guajira y presuntos pagos indebidos sacudieron la confianza en una administración que había levantado su liderazgo político alrededor de la lucha anticorrupción. A esto se sumaron investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial y procesos judiciales que involucraron gente del entorno presidencial, algunos de los cuales siguen en trámite en diferentes instancias.

En lo económico, el gobierno apostó por la justicia social y una mayor intervención del Estado, pero esto generó preocupación en sectores empresariales por la incertidumbre regulatoria y la caída de la inversión privada. El crecimiento económico quedó por debajo de lo que esperaban muchos colombianos. El sector minero-energético fue especialmente impactado por las políticas gubernamentales y los debates sobre transición energética, lo que generó incertidumbre en departamentos como La Guajira, donde la minería representa una fuente importante de empleo e ingresos.

La "Paz Total", presentada como una de las apuestas centrales del mandato, también enfrentó cuestionamientos fuertes. Mientras críticos sostienen que algunos grupos armados ilegales aprovecharon los espacios de negociación para fortalecerse territorialmente, el Gobierno argumentó que estos procesos de diálogo eran necesarios para buscar soluciones estructurales al conflicto. Además, la alta rotación ministerial reflejó tensiones internas y dificultades para mantener una línea de gobierno estable.

La relación con el Congreso estuvo marcada por conflictos permanentes, y varias reformas impulsadas por el Ejecutivo enfrentaron obstáculos políticos y debates que dividieron profundamente al país. Las confrontaciones entre el Presidente y distintos organismos del Estado se convirtieron en una constante: choques con sectores empresariales, medios de comunicación, órganos de control y partidos políticos ocuparon frecuentemente la agenda pública.

Los defensores del gobierno destacan avances en programas sociales, ampliación de subsidios y políticas de inclusión orientadas a reducir desigualdades históricas. Sin embargo, para una parte importante de la opinión pública, estos logros quedaron opacados por los escándalos y la percepción de falta de resultados concretos frente a las grandes promesas iniciales. Lo cierto es que el mandato de Gustavo Petro será recordado como uno de los más polémicos de la historia reciente de Colombia: un gobierno que prometió una transformación profunda pero que termina dejando a un país intensamente dividido entre quienes creen que impulsó cambios necesarios y quienes piensan que desaprovechó una oportunidad histórica.