El 21 de febrero de 2022 quedará en la memoria de muchas mujeres colombianas. Ese día las calles de las principales ciudades se tiñeron de verde cuando miles celebraban la decisión histórica de la Corte Constitucional: despenalizar el aborto hasta la semana 24. Cuatro años después, el balance es mayormente positivo. Los procedimientos clandestinos bajaron significativamente y la salud de las mujeres que acceden a esta opción mejoró considerablemente. Pero la historia no termina ahí. Aún hay retos enormes que sortear, especialmente en territorios fronterizos donde el conflicto armado, la desinformación y la estigmatización complican el acceso a este derecho fundamental.

En ciudades como Ipiales, Nariño, el panorama es particularmente desafiante. Allí llegan mujeres venezolanas, ecuatorianas y peruanas buscando oportunidades y, en muchos casos, escapando de situaciones de violencia y vulnerabilidad. Para ellas, Colombia representaría un salvavidas, pero la realidad es más complicada. En sus países de origen el aborto es prácticamente inaccesible: en Venezuela solo se permite si la vida de la madre corre peligro, mientras que Ecuador lo restringe aún más. Sin embargo, llegar a Colombia con documentación irregular genera un miedo paralizante a acercarse a los servicios de salud, aunque la ley las proteja. Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, lo explica claramente: "al no tener una situación migratoria definida, las mujeres sienten miedo de acudir a los servicios de salud, pero en Colombia, la Corte estableció que el derecho al aborto las cobija a ellas (...) es un problema de desinformación".

Las activistas en terreno pintan un cuadro desgarrador. Una feminista que trabaja en Ipiales informando a mujeres migrantes sobre sus opciones, y que pidió permanecer en anonimato por su seguridad, describe historias de trauma: "Mujeres son violadas por el camino; otras son asaltadas y llegan sin papeles (...) algunas llegan huyendo de redes de trata, pero no las podemos ayudar. No tenemos los esquemas de seguridad para protegerlas". A pesar de esto, hay luz. La misma activista ha logrado establecer canales directos con hospitales locales, permitiendo "compartir un derecho tan importante con libertad". Y aunque Rosero enfatiza que hace falta que las EPS e IPS capaciten a su personal en las rutas de acceso para derribar barreras burocráticas, ambas mantienen la esperanza.

Los números revelan algo interesante que contradice los miedos de quienes se oponían a la despenalización. El Centro de Derechos Reproductivos encontró que desde 2022 el número de abortos se mantiene estable alrededor de 11.000 anuales, sin aumento significativo. Lo que cambió radicalmente fue que dejaron de ocurrir en la clandestinidad. En el Cauca, por ejemplo, durante 2022 y 2023 el 98.4 % de las mujeres accedió a procedimientos en centros médicos. Esto redujo drásticamente infecciones y muertes. Otro mito desmentido: apenas el 4 % de los casos llega a la semana 24, y generalmente no es porque la mujer lo quiera así, sino por trabas administrativas o porque es una menor viviendo con su agresor.

Aunque parezca contradictorio, Colombia se ha convertido en ejemplo para otros países latinoamericanos. Desde Ecuador ya piden información sobre cómo implementar políticas similares. Pero el desafío sigue siendo real: el Estado debe garantizar que este derecho no sea solo una ley escrita, sino una realidad segura y accesible para todas, especialmente para las más vulnerables en las fronteras.