Hay algo que desconcierta de los poderes que tiene la superstición sobre las personas. No hablamos de religión propiamente, sino de ese miedo ancestral que ha moldeado el comportamiento humano a lo largo de los siglos, en los lugares más diversos y entre gente de todas las condiciones. Un ejemplo de esto está en la historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Cartagena de Indias. Mientras que sus contrapartes en México y Lima cerraron sus operaciones en 1820, el tribunal cartagenero siguió funcionando hasta 1821, dos años después de que Colombia se independizara de España. Esa diferencia de un año es pequeña, pero reveladora.

La explicación probablemente está en la naturaleza gradual y desigual que tuvo el proceso de independencia en lo que entonces era la Nueva Granada. Las transiciones que vivió esta región no eran tan distintas de las que ocurrían en México o Perú, pues todas reflejaban lo que estaba pasando en Europa, específicamente el pulso entre Francia y España. Cuando Napoleón Bonaparte dictó los Decretos de Chamartín en 1808 después de humillar a Madrid, ordenó la abolición del Santo Oficio en todas las posesiones americanas de España. Los tres tribunales permanentes desaparecieron formalmente de un golpe. Pero la historia no terminó ahí: hubo restablecimientos posteriores mientras la Colonia se desmoronaba, nuevas aboliciones, restauraciones del poder eclesiástico. El péndulo oscillaba.

El Tribunal de Cartagena tenía una particularidad inquietante: operaba a metros del mar Caribe, en una ciudad portuaria donde llegaban piratas y corsarios europeos. Para arrancar confesiones de herejía, la institución disponía de lo que llamaban la "sala de tormentos", un método de persuasión que, aunque suene contradictorio, se consideraba entonces más humanizado que las pruebas medievales que se usaban en Europa. Cartagena procesó y condenó a no pocos corsarios, tanto por el simple hecho de no ser católicos como por otras razones. Algunos piratas abjuraban de su fe, asumiendo la sanción religiosa como una salida estratégica que les parecía preferible a otras condenas. Quizás Napoleón tenía sus propias razones para cerrar estos tribunales: algunos de esos piratas eran franceses, y el emperador pudo haber visto en la abolición una forma de proteger indirectamente a sus compatriotas de alta mar.

Lo notable es que el tribunal cartagenero sobrevivió un año más que la Real Audiencia de Santa Fe, el máximo tribunal de justicia del Virreinato. Ese tribunal ordinario, según reportes de la época, operaba en una ciudad descrita por un fiscal vasco como de "espantosa miseria". Cuando desapareció en 1820, no lo hizo en su sede natural en La Candelaria, junto a lo que hoy es la plaza de Bolívar en Bogotá, sino en la ciudad amurallada del Caribe. Así de curiosa fue la geografía de aquellos cambios. En el fondo, lo que quedó demostrado es que la superstición fue más fuerte que la guerra.