A partir del primero de octubre de 2026, los afiliados de Sanitas EPS tendrán que recibir sus medicamentos de otra manera. Cruz Verde anunció que no extenderá su contrato con la aseguradora para la entrega de los tratamientos cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud. El convenio vence el 30 de septiembre y la empresa ya informó a la EPS y a las autoridades que no lo prorrogará, por lo que dejará de prestar el servicio a partir de octubre.

La noticia no llegó de sorpresa. Cruz Verde dio aviso con varios meses de anticipación, lo que le permite a Sanitas reorganizar el sistema de entrega. Mientras tanto, la dispensación de medicamentos seguirá funcionando normalmente. La EPS tendrá que elegir qué operador asumirá esta función y preparar el cambio. "Cruz Verde reconoce la importancia de mantener el acceso de los usuarios a medicamentos y otros productos necesarios para asegurar el goce efectivo de su derecho fundamental a la salud", expresó la empresa.

El cambio representa un desafío operativo serio: hay que garantizar que el suministro de medicamentos no se interrumpa durante la transición. La coordinación entre quién entrega ahora y quién lo hará después será fundamental para evitar que los pacientes queden sin sus tratamientos.

No es la primera vez que ocurre algo así. A finales de diciembre, Colsubsidio Salud anunció que desde el 1 de enero de 2026 dejaría de entregar medicamentos a usuarios de Nueva EPS. Aquello resultó un desastre. En menos de una semana, la Defensoría del Pueblo reportó un aumento en las quejas por falta de medicamentos, principalmente de Nueva EPS. El organismo también cuestionó que no hubiera información clara sobre cómo se estaba manejando el cambio de servicio. Según la Defensoría, faltaron datos "claros, oportunos y verificables" sobre las formas alternas de conseguir medicamentos y sobre qué garantizaría que los pacientes siguieran recibiendo sus tratamientos sin interrupciones.

Este cambio ocurre en el peor momento posible. Un informe reciente de la Procuraduría General de la Nación reveló que varias EPS intervenidas por el Estado tienen problemas financieros y administrativos graves. Esas entidades acumulan pérdidas superiores a 12 billones de pesos y deudas que superan los 30 billones. El reporte también advierte sobre un aumento en los gastos administrativos y en los niveles de siniestralidad después de las intervenciones, además de la falta de acciones concretas para solucionar estos problemas. Lo más preocupante es que siguen existiendo fallas en la garantía de servicios esenciales, como la entrega oportuna de medicamentos.

La realidad detrás de los números tiene rostros. Nancy Martínez Salazar, de 58 años, vive en Popayán conviviendo con cáncer, diabetes e hipertensión. Pero lo que realmente la estresa no son sus enfermedades, sino los silencios de Nueva EPS, que debería garantizar su tratamiento. Desde hace seis meses espera una resonancia de mama. Cada vez que pregunta, recibe la misma respuesta: "no hay agenda". El problema se agrava porque en Popayán no tienen los equipos para hacer ese examen. Las quejas en Nueva EPS no son aisladas: la Superintendencia de Salud registró un aumento de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que actúe: "La salud no es un privilegio, es un derecho humano esencial. Es la base de una vida digna y refleja cuánto nos cuidamos como sociedad". Mientras Sanitas prepara el cambio de operador, ese llamado sigue sin respuesta clara.