Un análisis crítico advierte sobre riesgos constitucionales en la propuesta de "acuerdo nacional" que plantea un candidato presidencial. Los críticos señalan que detrás de un lenguaje de diálogo y conciliación se esconde una estrategia para concentrar poder presidencial y debilitar los contrapesos democráticos, especialmente el Congreso de la República.

Según este análisis, el candidato ha dejado entrever que él mismo decidiría quiénes participarían en la mesa de negociación del acuerdo nacional. En declaraciones reportadas, habría señalado que incluiría "algunos otros que consideraremos para que se sienten o nos sentemos a discutir con el Gobierno". Los críticos ven en esto un síntoma de corporativismo autoritario, comparable con lo que ocurrió en Venezuela en 1999, cuando la Asamblea Constituyente fue controlada de manera tal que con el 65 por ciento de los votos populares se logró ocupar el 95 por ciento de los asientos.

El análisis plantea que la estrategia operaría en tres fases problemáticas. Primero, el Gobierno controlaría de forma absoluta qué temas se debaten y quiénes participan. Segundo, la mesa de acuerdo otorgaría facultades extraordinarias al Presidente para legislar mediante decretos, lo que significaría que el Ejecutivo se convertiría prácticamente en el único legislador, anulando las funciones del Congreso. Tercero, estas medidas decretalistas serían incorporadas posteriormente a la Constitución, modificando paso a paso la estructura jurídica del país.

Los críticos comparan el proyecto con las "Leyes Habilitantes" utilizadas en la dictadura venezolana y advierten que representa un riesgo grave para el orden constitucional colombiano. Señalan que Hugo Chávez utilizó retórica similar de "consenso popular" y "refundación" para desmantelar instituciones venezolanas, con consecuencias como miseria generalizada y éxodo poblacional.