La muerte de Kevin Acosta mantiene encendida la polémica en el país. Ahora se suma a la tragedia del niño hemofílico una nueva controversia: la Nueva EPS hizo público su historial médico, movida que fue criticada duramente por expertos y juristas. El objetivo de la entidad era respaldar la versión del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quienes han sostenido que Kevin murió por "un trauma craneoencefálico severo accidental que generó hemorragia intracraneal", y no por la falta de medicamentos.

Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, fue categórico en su rechazo: "Revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito. La Nueva EPS nunca debió entregar esa información. El Código Penal Colombiano en su artículo 269F consagra la violación de datos personales". Según esa norma, quien divulgue datos personales contenidos en ficheros o bases de datos "incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes".

Lo que más ha generado indignación es cómo el Gobierno está presentando los hechos. En el informe de Nueva EPS se deja claro que fue la propia entidad prestadora de servicios, junto con la madre, quienes decidieron no hacer una cirugía porque existía un "elevado riesgo de morbimortalidad" dado el estado clínico del niño. Sin embargo, el presidente ha responsabilizado a Katherine Pico, madre de Kevin, por no aceptar el procedimiento quirúrgico. Incluso, durante un Consejo de Ministros, Petro comentó que "las mamás no salen aprendidas" y que ella no debió dejar que el niño montara en bicicleta.

Estos señalamientos van contra lo que sostiene la comunidad médica. Médicos de Colombia rechazó las críticas a la madre y enfatizó que lo determinante en el caso no fue rechazar la cirugía, sino la falta de los medicamentos para controlar la hemofilia. Expertos en salud han confirmado que tener hemofilia no impide hacer deporte. El médico genetista Juan José Yunis explicó que pacientes hemofílicos con "el suplemento que se les da pueden desarrollar una vida completamente normal, entonces decir que deberían restringírseles sus actividades es condenar a un paciente a una calidad de vida que no es la adecuada".

Diego Gill, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, enfatizó un punto clave: "un sangrado, como uno cerebral, puede progresar de manera muy rápida. La continuidad del tratamiento no es opcional, es obligatoria. Si no se garantiza el suministro oportuno del factor y el seguimiento especializado, el desenlace puede ser fatal". La madre de Kevin fue más directa aún: "El hecho de que sea hemofílico no significa que él no pudiera hacer actividades, no lo podía tener atado a una cadena o amarrado o bajo llave. No se vengan a lavar las manos así tan fácilmente, el niño murió por falta de un medicamento. Hay mucha gente con hemofilia que participa en el Tour de Francia".

Julián Fernández, doctor en Epidemiología, también criticó que divulgar detalles de la historia clínica sea no solo ilegal sino también "revictimizante". Daniel Briceño, aspirante a la Cámara de Representantes, anunció que denunció a Nueva EPS por entregar información sensible: "Denuncié a la Nueva EPS por haberle entregado parte de la historia clínica del niño Kevin al presidente Gustavo Petro La historia clínica es reservada y Petro no debía tener información sensible".

Desde la Defensoría del Pueblo, la defensora Iris Marín hace un llamado diferente. Mientras el Gobierno intenta escudarse en el accidente, ella responsabiliza al sistema de salud: "El cuidado de la salud de Kevin era responsabilidad del sistema de salud, que no tuvo la capacidad de hacer todo a su alcance, de cumplir según sus obligaciones constitucionales, lo previsto en la ley. Si no lo vemos así, se repetirá. Fallamos".