El columnista Rafael Nieto Loaiza señala en su análisis que el gobierno ha realizado cambios estructurales en instituciones de seguridad, incluyendo la Unidad Nacional de Protección, mediante los decretos 19 y 20 de 2026. Según su perspectiva, estas medidas buscan desplazar personal profesional experimentado e insertar funcionarios sin la preparación técnica requerida pero con lealtad política.

La UNP, según Nieto Loaiza, ya ha estado envuelta en varios escándalos durante este gobierno. Menciona casos como el uso de vehículos y escoltas para proteger personas vinculadas a actividades ilícitas, y lo que califica como una "sospechosa omisión" al negar mejoras en esquemas de protección que fueron solicitadas múltiples veces. Sin embargo, reconoce que la institución aún cuenta con una base de funcionarios y escoltas especializados con experiencia que mantienen un funcionamiento profesional.

El columnista advierte que los decretos reducen requisitos técnicos, disminuyen garantías laborales, permiten vinculaciones sin concurso público de méritos y amplían la discrecionalidad en los nombramientos. Argumenta que la protección personal es una función especializada que no admite estándares mínimos: "exige idoneidad reforzada porque si falla tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la vida del que tiene el riesgo de seguridad".

Desde su análisis, estas modificaciones son particularmente problemáticas en un contexto electoral. Sostiene que la politización de la planta de personal debilita los esquemas de protección, afecta el pluralismo democrático e incrementa riesgos de espionaje contra líderes de oposición, congresistas y magistrados que deben ser protegidos. Nieto Loaiza advierte que "la politización de la planta produce una mayor pérdida de confianza y un mayor debilitamiento de esquemas de protección".

El columnista concluye señalando que lo propuesto para la UNP es más grave que la clientelización de otras entidades gubernamentales. Propone que se demanden los decretos en los tribunales y que en el próximo Congreso se expida una ley que proteja la institución, al personal calificado y garantice sus ingresos y estabilidad laboral.