La alianza política que muchos esperaban en la campaña presidencial finalmente se concretó este jueves. Juan Fernando Cristo, quien apenas días antes había bajado su candidatura, anunció junto con su movimiento En Marcha su respaldo a Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico. Sin embargo, detrás de los elogios mutuos y las muestras de unidad asoma una pregunta que define los límites de esta coalición: ¿acordaron no convocar una Asamblea Nacional Constituyente?

La tensión no es nueva. Como ministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, Cristo fue el principal crítico dentro de la administración frente a la idea de reformar a fondo la Constitución de 1991. Apostó por lo que llamaba un "gran acuerdo nacional" que nunca logró cristalizar. Ahora, mientras el presidente Petro sigue empeñado en su cruzada constituyente, el mismo Cristo advertía sin rodeos que esa opción es problemática. "La convocatoria en estos momentos de una Asamblea Nacional Constituyente es inconveniente y es inoportuna. Profundiza la división del país y distraería al próximo gobierno de las tareas urgentes que tenemos por delante en materia de seguridad, salud y de estabilidad fiscal", expresó.

El documento que ambos líderes suscriben habla claro sobre este punto: todas las reformas que propongan deben ser "resultado de acuerdos y deliberaciones y tramitarse por vía legislativa" respetando la Constitución del 91. Pero Cepeda matizó la postura. Dijo que seguirán defendiendo la Carta Magna "por sus principios, por la idea esencial de que la soberanía reside en el pueblo, lo cual no significa esa defensa cerrada de la Constitución que no podamos avanzar concertadamente en su reforma y en su implementación plena y absoluta. Por eso hoy afirmamos con claridad que es mucho más lo que nos une de aquello que nos divide".

Más allá de este debate de fondo, el acuerdo trae consigo las prioridades que Cristo siempre impulsó. Una de ellas es el fortalecimiento de la autonomía territorial y la descentralización, con la idea de "cerrar brechas entre las regiones. La ley de distribución de competencias y recursos será una prioridad en la agenda legislativa del gobierno", según lo pactado.

El pacto también incluye compromisos sobre paz territorial con "seguridad humana" y la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016 como prioridad. Se suman la transición energética justa, la protección de la Amazonia, defensa de derechos humanos, multilateralismo, y "una lucha frontal" contra la corrupción. Todo esto acompañado por una reforma política que profundice la democracia.

Lo más ambicioso del acuerdo es el objetivo de lograr ese "gran acuerdo nacional" que Cristo pregonaba como ministro: establecer "un liderazgo capaz de crear las condiciones para un escenario de diálogo social, político y empresarial que permita alcanzar un gran acuerdo nacional y facilite la reconciliación entre las y los colombianos". Para alcanzarlo, ambos movimientos buscarán vincular a empresarios, actores políticos y sociales, organizaciones de víctimas y liderazgos regionales que impulsen mayor autonomía territorial.