La confrontación entre grupos armados ilegales en el Bajo Cauca sigue cobrando un precio altísimo en vidas civiles. En Tarazá, un municipio ubicado en esta subregión de Antioquia, 20 personas tuvieron que abandonar sus hogares en las veredas de Doradas Altas y Tahamí tras intensos enfrentamientos registrados en la zona rural. Estas familias llegaron al casco urbano buscando refugio y protección, un patrón que se repite constantemente en el territorio.

El alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Ariza, ha alertado sobre la gravedad de la situación humanitaria en el municipio. Según el mandatario, la presencia y confrontación de grupos como el ELN, el Clan del Golfo y estructuras disidentes ha dejado a la población civil en el medio del fuego cruzado. Lo más preocupante es que estos enfrentamientos ya han incorporado nuevas y aterradoras tácticas de ataque: el uso de drones cargados con explosivos, que en otros municipios de la región ya ha dejado personas heridas.

La Defensoría del Pueblo ha sumado su voz de alerta al documentar casos de confinamiento forzado de campesinos en algunas veredas. Esto significa que muchas personas no solo pierden sus casas, sino que quedan atrapadas en territorios controlados por actores armados, sin poder salir libremente. El panorama en Tarazá no es aislado: más de 350 personas ya se han desplazado en municipios cercanos como Zaragoza y El Bagre, lo que muestra el alcance regional de esta crisis. La confrontación armada en el Bajo Cauca continúa presionando implacablemente a las comunidades rurales de Antioquia, dejando a su paso pobreza, miedo y desplazamiento forzado.