La interrupción del flujo marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita la cuarta parte del petróleo mundial, está generando consecuencias económicas cada vez más preocupantes. Según un informe de ONU Comercio y Desarrollo, el precio del crudo ya supera los 90 dólares por barril, mientras que los costos de transportar petroleros han aumentado más de 70 por ciento en apenas dos semanas. Lo más grave es que estos sobrecostos se están trasladando a rubros estratégicos: los fertilizantes y los alimentos. Para países como Sudán, Somalia, Sri Lanka y Mozambique, que importan más de una quinta parte de sus fertilizantes desde el Golfo Pérsico, esto significa una amenaza seria para la producción de comida en territorios que ya enfrentan hambruna y vulnerabilidad extrema.

Mientras tanto, la contaminación generada por bombardeos en depósitos iraníes se ha convertido en un peligro inmediato para la población civil. La Organización Mundial de la Salud expresó profunda preocupación por lo que las autoridades iraníes llaman "lluvia negra": una mezcla de agua con hidrocarburos tóxicos, óxidos de azufre y compuestos nitrogenados liberados masivamente en el aire. Según Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, "la lluvia negra y la lluvia ácida que la acompaña son un peligro para la población, principalmente respiratorio" y podrían "causar quemaduras químicas en la piel y graves daños pulmonares". La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también cuestionó si estos ataques cumplieron con obligaciones de proporcionalidad en el derecho internacional humanitario.

En Nicaragua, un reporte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos reveló prácticas de represión estatal que trascienden las fronteras del país. El gobierno financia operaciones de represión desviando fondos de asistencia social y mantiene una red de vigilancia transnacional contra exiliados y críticos. Jan-Michael Simon, presidente del grupo, afirmó que "la represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua bajo el control de la familia Ortega-Murillo". El informe documenta que desde 2018 ha habido al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato contra opositores en el exterior, además de la privación de nacionalidad a 452 personas.

En materia de respuesta a desastres, la ONU anunció un avance tecnológico que puede acelerar la evaluación de daños. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro de Satélites de UNITAR lanzaron un sistema que combina análisis satelital con verificación en terreno para producir evaluaciones completas en 48 horas, cuando antes este proceso tardaba semanas. Tras el terremoto en Myanmar en 2025, la tecnología identificó 2,5 millones de toneladas de escombros y más de 10.000 edificios dañados. Devanand Ramiah, director de la unidad de crisis del PNUD, subrayó que "datos más rápidos significan una respuesta y recuperación más rápidas", lo que permitiría a gobiernos de países golpeados por desastres actuar con mayor rapidez en operaciones de rescate y reconstrucción.