Mientras en Bogotá hablan de reformas y ajustes estructurales, en Cartagena la salud está enferma por otro lado: trabajadores que no ven un peso en sus cuentas bancarias hace meses, instituciones quebradas financieramente y una cadena de responsabilidades donde aparentemente nadie es culpable de nada.

La Clínica Cardiovascular Jesús de Nazareth, el Nuevo Hospital de Bocagrande y la Clínica de Maternidad de Bocagrande Global MedCenter no son casos aislados. Junto a ellas, otras IPS en la ciudad reportan lo mismo: médicos, enfermeras, asistentes y administrativos que siguen yendo a trabajar sin cobrar. Algunos llevan meses esperando su salario completo. Otros reciben pagos a pedazos, cuando llegan. La incertidumbre se ha convertido en la única certeza del sistema.

El dinero entra. Eso es lo más grave. Los giros llegan, los contratos se pagan, circulan recursos administrativos. Pero en algún punto de ese camino, la plata simplemente desaparece. No llega a la nómina. No llega a quien realmente sostiene el sistema cada día: el personal que atiende urgencias, que salva vidas, que trabaja sin contraprestación.

La pregunta es incómoda: si el dinero está entrando, ¿dónde se está perdiendo? Y la respuesta no puede seguir escondida en excusas administrativas o peleas entre EPS e IPS sobre quién debe pagar qué. Eso es lo que pasa cuando el control falla, cuando la supervisión llega tarde o no llega, y cuando nadie se siente responsable por vigilar que los recursos se usen como debe ser.

Acá es donde hay que ser claro: el problema no es la Ley 100. Una ley no firma cheques ni administra hospitales. El problema está en quienes gestionan los recursos y en la falta de control efectivo de las autoridades que deberían estar vigilando. Cuando ese control fracasa, el resultado siempre es el mismo: trabajadores de la salud sufriendo porque no cobran.

No hay justificación para que un médico o una enfermera trabajen meses sin recibir su salario. No hay modelo de salud que deba normalizar el atraso sistemático de nóminas. Y no hay explicación administrativa que esté por encima del derecho básico de un trabajador a cobrar lo que se ganó.

Hoy la crisis ya trasciende una sola clínica. Afecta varias IPS en Cartagena y exige respuestas urgentes, no comunicados bonitos. Mientras las entidades discuten cifras y se señalan unas a otras, los trabajadores enfrentan deudas, hambre y desesperación. Y esa es la verdadera enfermedad del sistema: una administración que no responde, que no controla y que deja a la gente del frente cargando con el peso de un fracaso que no es suyo.