En las zonas rurales de Meta, Guaviare y Caquetá hay un control que va más allá de lo visible. Los disidentes de las Farc liderados por alias Calarcá están implementando un sistema que suena a película de terror, pero que es bien real: la carnetización. Se trata de cobrarle a los campesinos entre 100 mil y 250 mil pesos por un supuesto carnet que "certifica" que son dueños de sus tierras. Lo grave no es solo el robo disfrazado, sino que con estos documentos falsos controlan por dónde se mueven esos campesinos, si pagan las extorsiones y, lo más preocupante en tiempos electorales, por quién votan.

El escándalo explotó cuando Noticias RCN reveló hace poco un audio donde alguien dice: "Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí si los vamos a apretar 4 años nosotros". Al principio señalaron al disidente Rogelio Benavides como el autor, pero dos días después el Ministerio de Justicia cambió la versión: dijeron que era alias Sergio, un extorsionista preso en la cárcel de Picaleña, Tolima. Esa contradicción de las autoridades levantó las cejas de todos. El general Erik Rodríguez, jefe de estado mayor de operaciones del comando general de las Fuerzas Militares, lo confirmó en una rueda de prensa en el Meta: "Se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos". La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, agregó que esto lleva meses y que claramente es presión electoral.

Pero la confusión crece. El periodista Melquisedec Torres, columnista de EL COLOMBIANO, publicó en X que los audios originales no vendrían desde una cárcel, sino que circularían entre líderes campesinos de juntas comunales. Según fuentes de inteligencia que él cita, los criminales estarían coordinando desde Puerto Cachicamo, adelantando "actividades de control sobre los movimientos" con fines ilícitos. Eso contradice lo que dijo el Ministerio de Defensa, y la duda sigue flotando en el aire.

No es la primera vez que se habla de esto. La candidata Claudia López ha denunciado presiones de grupos armados en territorios, y en un debate de EL COLOMBIANO fue directo: "están presionando en los territorios para votar por Cepeda". Paloma Valencia del Centro Democrático también reportó amenazas en el Valle del Cauca, donde le dijeron a campesinos: "El lunes venimos a ver cómo votaron aquí. Y el que no vote por Cepeda, pues vamos a ver qué pasa". El diputado Rafael Rodríguez del Centro Democrático confirmó prohibiciones para hacer campaña por Valencia en municipios como Dagua y Jamundí. Álvaro Uribe Vélez respaldó estas denuncias publicando que "El ELN y la columna Jaime Patiño de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda", con señalamientos específicos en veredas del Cauca. Lo raro es que hasta ahora ninguno de estos dirigentes ha presentado pruebas ante las autoridades ni abierto procesos judiciales.

Cepeda, el candidato mencionado en el audio, respalda la versión del Ministerio de Defensa sobre que el autor sería el extorsionista preso. Mientras hacía campaña en Pasto dijo que había "escuchado atentamente la declaración" del director de la Policía Nacional sobre "la veracidad de estos hechos". Frente a las acusaciones de Uribe, rechazó que "quien gane las elecciones en Colombia lo hará por presión de grupos armados" y señaló que el expresidente "en todo él miente y desfigura la realidad".

Lo cierto es que hay dos realidades que chocan: una versión oficial que intenta desactivar la polémica, y denuncias que se replican en territorios donde los campesinos viven la presión día a día. Mientras no se aclare de dónde viene ese audio ni se persiga a fondo la carnetización, la desconfianza en el proceso electoral seguirá creciendo en las zonas donde los criminales tienen más poder que la ley.