La violencia contra las mujeres golpeó nuevamente al Atlántico. En la madrugada del jueves 26 de febrero, en el municipio de Baranoa, fue asesinada Landrys Johana Yepes Estrada, una joven de 26 años que conversaba en la terraza de una casa en el barrio Villa Carolina cuando dos hombres se acercaron a pie y abrieron fuego sin previo aviso. El crimen ocurrió alrededor de las 11:25 p. m. en una vivienda de la calle 21 con carrera 10. Según reportes policiales, la mujer recibió al menos dos impactos de bala, uno en el pecho y otro en la cabeza, y murió en el acto. Su acompañante, quien habría sido su pareja sentimental, resultó herido de un disparo en la pierna y fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. Los agresores huyeron rápidamente por las calles del sector mientras vecinos presenciaban el ataque sorpresivo. Landrys Johana dejaba un hijo de aproximadamente tres años.

Este asesinato se suma a una racha preocupante de violencia letal contra mujeres que tiene en alerta a la región. En menos de 60 horas se registraron cuatro crímenes en distintos municipios del Atlántico. El 24 de febrero fue asesinada Glenis Patricia Rodríguez Ariza, de 18 años, dentro de su vivienda en el barrio Villa Paraíso de Soledad por sujetos armados. Al día siguiente, el 25 de febrero, dos hechos enlutaron a la región: Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una aprendiz del Sena de apenas 17 años, fue ultimada a tiros en la sala de su casa en el barrio Las Américas de Barranquilla, y Gloria Esther Araujo Varela, de 36 años, fue encontrada sin vida en el barrio 12 de Octubre de Soledad tras haber desaparecido desde el 23 de febrero. El cuerpo de Gloria Esther apareció envuelto en sábanas y bolsas plásticas con los pies atados, junto a un mensaje escrito en cartón que decía: "Faltan 2×1, por robar".

Con el asesinato de Landrys Johana, ya son 15 las mujeres asesinadas en el Atlántico durante 2026, cifra que ha encendido las alarmas en autoridades y organizaciones sociales. El panorama ha sido catalogado como crítico y estructural por líderes comunitarios y colectivos feministas que ven en estos crímenes patrones peligrosos. Lideresas feministas advierten que en varios de estos casos no se trata únicamente de violencia intrafamiliar, sino de violencia criminal ejecutada con métodos propios de estructuras delictivas, que se mezclan con dinámicas de control territorial y retaliaciones.

La respuesta institucional, sin embargo, ha sido percibida como insuficiente. Mientras la Policía del Atlántico adelanta labores de verificación, entrevistas y recolección de información para esclarecer los móviles de estos crímenes, representantes del Movimiento de Mujeres del Atlántico insisten en que el Estado necesita una respuesta articulada que vaya más allá de la reacción policial. Las organizaciones señalan que muchos de estos ataques letales son ejecutados por sicarios, incluso jóvenes y menores de edad reclutados por estructuras criminales.

Colectivos ciudadanos piden analizar de manera estructural lo que está ocurriendo en el departamento. Mientras la familia de Landrys Johana enfrenta el dolor de su pérdida, la comunidad exige alertas tempranas, seguimiento permanente de casos, refuerzo investigativo y una política integral para frenar el aumento de asesinatos de mujeres en la región. Por ahora, la cifra sigue creciendo y la urgencia por una respuesta coordinada y profunda se hace cada vez más evidente.