Hace poco el Consejo de Estado confirmó lo que ya había ordenado el Tribunal Administrativo del Atlántico: la Región Caribe debe tener tarifas de energía justas, como el resto del país. Pero hay un problema. El Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha permitido que se acabe completamente el régimen transitorio especial que mantiene sobrecostos en los recibos de luz para los costeños.

Los personeros de Barranquilla y Santa Marta, Miguel Ángel Alzate y Edwar Orozco, celebraron la decisión del Consejo de Estado. "Esta decisión del Consejo de Estado es histórica. Respalda la Acción Popular del magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo que ordenó reducir las tarifas y ponerle fin a la gran injusticia que se estaba cometiendo con nuestra región en materia de energía eléctrica", expresaron Alzate y Orozco. Sin embargo, lamentaron que el Ministerio de Minas y Energía, encabezado por Edwin Palma, no haya permitido la eliminación total de ese régimen especial.

Desde el inicio de las medidas cautelares ordenadas en agosto de 2024, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ha hecho su trabajo. Dictó 17 resoluciones para reducir las tarifas, incluyendo una que eliminó el cobro del robo de energía que solo pagaban los usuarios costeños. Incluso tiene lista desde hace más de un año la resolución definitiva que acabaría con la sobretasa de comercialización, ese cobro adicional que solo pagan los clientes de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y los de Afinia en Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba. Eso afecta a cerca de tres millones de personas.

El problema es que esta última resolución está atascada desde finales de 2025 en manos de la Presidencia y el Ministerio de Minas. Aunque superó todos los trámites y hasta recusaciones, simplemente no la han llevado a las sesiones de la Creg. Mientras tanto, la sobretasa sigue cobrándose.

La rebaja que ya se ha logrado ha sido importante. En una carta del 28 de noviembre de 2025, la Creg le informó al Presidente y al Ministro que "(…) desde que se profirió la medida cautelar por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico, en el mes de agosto de 2024 a septiembre de 2025 el CU (Costo Unitario) en el mercado de comercialización de Air-e ha disminuido el 26%, pasando de 1.072 $/kWh a 795 $/kWh; mientras que el mercado de comercialización atendido por AFINIA esta reducción ha representado el 10 %, pasando de 1.007$/kWh a 906 $/kWh". Pero la Creg advirtió que si el Gobierno permitía expedir esa última resolución, "el régimen transitorio especial (…) dejaría de estar vigente".

En esa misma comunicación, la Creg les hizo una advertencia clara a Petro y Palma sobre la prórroga que estaban considerando: "la resolución ministerial, objeto de análisis, no sigue la senda ordenada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el sentido que el Ministerio de Minas y Energía y la Creg deben adelantar las actuaciones administrativas que tengan por objeto reducir las tarifas del servicio de energía eléctrica en la región Caribe. En este sentido, implementar las medidas que ordena la resolución podrían ser calificadas por el Tribunal como un desacato a la orden judicial".

Los personeros de Barranquilla y Santa Marta critican que el Gobierno no solo no permitió la eliminación total del régimen, sino que lo prorrogó, actuando "en contravía a la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, cuando concedió la Acción Popular, en contravía de la resolución que la Creg tiene lista y en contravía de lo que ahora ratifica el Consejo de Estado, en un flagrante desacato a estas decisiones que determinaron que ese régimen es violatorio de los derechos colectivos de los usuarios". Lo que debería ser un trámite sencillo sigue sin realizarse.