Rafaela Cortés asume con una misión clara la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos en un año que promete ser convulsionado: cerrar la brecha que existe entre los gobiernos regionales y el Gobierno Nacional. En conversación con EL TIEMPO, la gobernadora del Meta no se anda con rodeos. Dice que durante estos dos últimos años no ha habido puente real entre Bogotá y las regiones, y que mientras los departamentos se quedan sin herramientas para actuar, quienes pagan el precio son los ciudadanos de a pie enfrentando crisis que el centralismo no resuelve a tiempo.

La emergencia invernal que azotó varios departamentos este año es el mejor ejemplo de lo que critica Cortés. "No pueden seguir desde el escritorio, aquí en Bogotá, tomando decisiones y mientras tanto la gente en el territorio sufriendo las adversidades del clima", expresó. Relata cómo en el Meta, 16 municipios resultaron afectados el año pasado por las lluvias extremas, y cómo los gobiernos departamentales deben ingeniárselas para responder. Señala que recursos están guardados en el gobierno nacional sin ejecutarse, mientras que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo exige trámites que ralentizan la respuesta cuando los ríos ya se desbordan.

El reclamo va más allá de la emergencia. Cortés apunta a un problema estructural: la falta de recursos para los departamentos. Explica que hay dinero del Gobierno Nacional "guardado en bolsas" que no llega porque existe esa centralización, dinero que los gobiernos departamentales hace años están pidiendo para aumentar el Sistema General de Participación. "Desgraciadamente estamos más asfixiados", dice, y subraya que siendo los gobiernos departamentales y municipales los mayores ejecutores del presupuesto, viven dependiendo de impuestos al consumo, cigarrillo y licor.

El plan de Cortés para romper este esquema es ambicioso. Ella y los 32 departamentos han estado trabajando en un "libro blanco" con propuestas que quiere que el próximo presidente incluya en su programa de gobierno. Busca que sea un documento que realmente permita articular el plan de desarrollo nacional con las realidades locales. "Yo no me canso de repetir que soy una concertadora", dice, pero advierte que hasta ahora sus intentos de diálogo con el actual Gobierno Nacional no han tenido respuesta.

Un punto crucial en su agenda es la distribución del territorio y los recursos. Cortés critica que desde la Agencia Nacional de Tierras en Bogotá se dicten resoluciones sobre cómo debe usarse el suelo en los departamentos, cuando son los gobernadores, alcaldes, agricultores y líderes comunitarios quienes realmente conocen cada zona. "Ellos son los que conocen el territorio, los que están en las zonas de más productividad, saben cuáles son las zonas de sabana, las zonas de montaña", señala, cuestionando que se siga trabajando "de esa manera".

También trae a colación el tema de las regalías. Arauquita, Meta y Casanare generan 55 billones de pesos en regalías para el gobierno nacional, pero ni siquiera logran asegurar inversión suficiente en la vía que conecta Bogotá con la región de Orinoquía y Amazonía. Según ella, las regalías que llegan a estos departamentos terminan siendo tan pequeñas que se destinan casi completamente al Programa de Alimentación Escolar, una iniciativa nacional cuyo costo recae sobre los gobiernos locales.

Antes de cerrar el año, Cortés espera tener listo el "libro blanco" y enviarlo al Gobierno Nacional. Su expectativa es crear una agenda que funcione. "Podemos restablecer en beneficio de los habitantes del país", dice con la fe de quien sabe que en un año electoral hay ventanas para el cambio.