La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación salieron al paso del "juicio revolucionario" que anunció el ELN contra cuatro funcionarios públicos retenidos en Arauca, con un pronunciamiento firme que no deja espacio para ambigüedades. Los organismos judiciales ordenaron al grupo armado la liberación inmediata y sin condiciones de los agentes del CTI y los policías que mantiene en su poder.

En un comunicado oficial, las instituciones fueron contundentes: la justicia en Colombia es competencia exclusiva de los jueces y tribunales del Estado, no de organizaciones armadas ilegales. "La vida y la libertad de Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo Antonio López, Frankie Hoyos y Yordin Fabián Pérez deben ser respetadas", señalaba el texto, calificando el secuestro como una práctica repudiada en el mundo entero que solo multiplica el dolor de las víctimas y sus familias.

El procurador Gregorio Eljach reforzó el mensaje con palabras que sintetizan el posicionamiento oficial: "El secuestro no es justicia, es un delito y un ultraje a la dignidad humana". A este reclamo se sumaron la Defensoría del Pueblo y la ONU Colombia, advirtiendo que estas acciones del ELN representan violaciones claras del Derecho Internacional Humanitario.

Las autoridades fueron enfáticas en señalar que los actos de la guerrilla no hacen sino profundizar el daño a quienes ya han sufrido, socavando la confianza en los procesos de paz que busca el país. Para los organismos judiciales, la única prueba genuina de voluntad de paz que podría demostrar el ELN en esta crisis humanitaria es la liberación sin ningún tipo de condicionamiento de los secuestrados.