Una nueva derrota para el plan económico del Gobierno. La Corte Constitucional le puso punto final al Decreto 1474 de 2025, que había impuesto un impuesto del 19% al licor en Colombia. Con esta decisión, el aumento que llevaba los gravámenes a las bebidas alcohólicas del 5% al 19% simplemente desaparece, y los precios tendrán que volver a ajustarse hacia abajo.

El Gobierno había expedido esta medida durante la declaratoria de emergencia económica que el presidente Gustavo Petro anunció para enfrentar el agudo déficit fiscal. El decreto no se limitaba a los licores: también incluía cobros adicionales a apuestas en línea, cigarrillos y ajustes al impuesto al patrimonio. Pero la Corte fue tajante: estas medidas no cumplían con los requisitos constitucionales necesarios para saltarse el trámite normal en el Congreso. Según el tribunal, no existían hechos extraordinarios que lo justificaran.

Lo más costoso de esta decisión viene ahora. El fallo ordena a la DIAN establecer los mecanismos para devolver todo el dinero que se recaudó con esos impuestos. Es decir, los contribuyentes que ya pagaron el mayor aumento tendrán que recibir sus devoluciones, tanto en impuestos directos como en el IVA ya cobrado.

Para el Gobierno esto es un golpe importante. La medida formaba parte de su estrategia para conseguir recursos rápidamente, con un faltante fiscal que superaba los 16 billones de pesos después de que el Congreso no aprobara una reforma tributaria completa. Lo que parecía ser una salida ágil a través del decreto terminó derrumbándose en la Corte.

El panorama ahora es más complicado. Sin ese recaudo y obligado a devolver lo ya cobrado, el Gobierno queda de nuevo en el punto de partida, buscando alternativas para cuadrar las cuentas del país. La decisión reabre el debate sobre dónde está exactamente el límite para que el Ejecutivo tome decisiones económicas sin pasar necesariamente por el Legislativo.