La Corte Suprema sigue sin encontrar el camino en uno de los casos de corrupción más delicados que enfrenta el Congreso. Después de más de tres horas de discusión este miércoles, la Sala de Instrucción no logró llegar a un acuerdo sobre si debe llevar a juicio a cinco congresistas y un excongresista involucrados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Los desacuerdos entre los magistrados mantienen estancada la ponencia que presenta el magistrado Misael Rodríguez, y esta ya es la tercera vez que el alto tribunal se reúne sin poder tomar una decisión de fondo.

En la mira de la investigación están los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, junto al excongresista Juan Diego Muñoz. Todos son señalados de haber participado en maniobras irregulares relacionadas con la contratación en la UNGRD. Las acusaciones provienen de confesiones hechas en el marco de principios de oportunidad por el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, el exdirector de Gestión del Riesgo Olmedo López y María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.

Lo que está sobre la mesa es especialmente grave: los investigadores sospechan que estos legisladores, en su papel como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito del Gobierno a cambio de beneficios que se materializarían en contratos de la UNGRD. La Corte Suprema explicó que "esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD".

El expediente es robusto: incluye más de 50 elementos documentales obtenidos mediante órdenes de policía judicial y al menos 10 testimonios. Si la Corte decide aprobar la ponencia que se debate, los congresistas podrían ser enviados a prisión con medidas de aseguramiento intramural. Las autoridades consideran que representarían un peligro para la sociedad y podrían interferir en las investigaciones.

Todos los investigados han rechazado las acusaciones. Insisten en que son inocentes y víctimas de acusaciones sin sustento, mientras que la Corte Suprema intenta zanjar una decisión que ha sido esquiva en tres intentos consecutivos. El silencio del tribunal mantiene en suspenso el futuro político y legal de estos seis legisladores.