Un giro decisivo en el caso que ha marcado la justicia en La Guajira. La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Penal, revocó parcialmente la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá y condenó al exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar por el homicidio del concejal de Barrancas Luis Gregorio López Peralta. La máxima corte también ratificó su responsabilidad por concierto para delinquir agravado y mantuvo la condena por perjuicios morales a favor de la hija de la víctima.

El caso había tenido un camino confuso en las instancias previas. En primera instancia, el juzgado noveno penal del Circuito Especializado de Bogotá había condenado a Gómez Cerchar a 480 meses de prisión. Pero cuando llegó al Tribunal Superior de Bogotá, la situación cambió: declararon la prescripción de la acción penal para otros dos homicidios y absolvieron al exgobernador precisamente por la muerte del concejal López Peralta, aunque lo mantuvieron condenado por concierto para delinquir.

La Corte Suprema no estuvo de acuerdo con ese razonamiento. Los magistrados consideraron que el Tribunal no analizó correctamente las pruebas centrales del caso. Especialmente importante fue la declaración de la exalcaldesa de Barrancas Yandra Cecilia Brito Carrillo, quien explicó "el poder de intimidación que ejercía el exgobernador y las represalias contra quienes se oponían a él". La Corte también notó que el tribunal había fragmentado el análisis de las evidencias, restándole importancia a elementos clave como el móvil político, la estructura armada disponible para ejecutar órdenes y el contexto general de intimidación que vivía la región. Además, señaló que López Peralta tenía proyección política y respaldo popular, lo que lo convertía en un rival directo para el exmandatario.

Como resultado, la Corte Suprema condenó a Gómez Cerchar a 380 meses de prisión, una multa de 14.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 120 meses. También hubo un reproche más: los magistrados criticaron que el Tribunal hubiera mantenido el proceso inactivo durante siete años, situación que facilitó que prescribieran los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro. Una demora que, a juicio de la Corte, no debió haber ocurrido.