La Corte Suprema de Justicia acaba de revelar los detalles de una investigación que pinta un cuadro preocupante sobre cómo funcionó la máquina de negocios legislativos alrededor de los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El senador Wadith Manzur y la representante Karen Manrique enfrentan ahora prisión preventiva y serán llevados a juicio por presuntamente condicionar su función pública para que el Ministerio de Hacienda les ayudara a conseguir proyectos en municipios como Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar.

Para sustentar estas decisiones, la Corte Suprema estudió más de mil páginas de documentación que incluye conversaciones por chat, testimonios y un análisis detallado de cómo operó este entramado. El magistrado Misael Rodríguez fue quien elaboró la ponencia que fundamenta por qué Manzur y Manrique terminaron en prisión. Lo más delicado: los mensajes que Manzur envió a María Alejandra Benavides, una exasesora del Ministerio de Hacienda, el 11 de octubre de 2023.

En esos chats, Manzur le pregunta ansiosamente cuándo llegaría el ministro Ricardo Bonilla. Cuando se entera de que había una sesión de votación para el miércoles, le dice a Benavides que "de verdad sino no va a funcionar nada Mariale. Solo te dejo la constancia por acá". Luego agrega algo más contundente: "bueno, pero de todas maneras te lo tengo que decir porque el miércoles hay sesión y cuando las cosas no salgan no digan después que uno es problemático". Para la Corte, esas palabras no son una simple conversación informal: evidencian que Manzur estaba condicionando su voto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a que el ministro respondiera favorablemente a una propuesta que ya le había hecho llegar.

Benavides, la exfuncionaria, fue clara cuando testificó ante la Corte. Explicó que sintió presión tanto de Manrique como de Manzur para que "algo se moviera", es decir, para obtener un resultado respecto a la propuesta presentada. Aunque aclaró que Manzur "no estaba siendo grosero", dejó constancia de que entendió perfectamente el mensaje: había urgencia en conseguir una respuesta antes de la sesión del miércoles 18 de octubre.

Pero la historia no termina ahí. La investigación también expone cómo otros congresistas, como Liliana Bitar y Julián Peinado, utilizaron canales de comunicación difíciles de rastrear para manejar estos asuntos. Usaban la aplicación Signal, que cifra los mensajes, y entregaban propuestas en sobres sellados. El 31 de octubre de 2023, cuenta la Corte, hubo una reunión donde el entonces ministro Bonilla autorizó explícitamente la gestión de proyectos ante la UNGRD, distribuyendo 15 cupos entre los congresistas involucrados. Semanas después, el 28 de noviembre, se votó lo que la Corte llamó irónicamente "la sesión más eficiente del año".

Lo que más inquieta a los magistrados es que cuando citaron a varios ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro para que declararan sobre estos hechos, muchos manifestaron no recordar detalles clave. La Corte calificó esto como una especie de "amnesia" colectiva que dificultó esclarecer qué sabía y qué autorizaba realmente el Gobierno. Actualmente, Manzur y Manrique permanecen en prisión mientras otros congresistas están llamados a juicio. Si siguen detenidos cuando comience la nueva legislatura, se activaría la figura de la silla vacía en el Congreso.