La Corte Suprema de Justicia le dio la razón a la Fiscalía General en una decisión que mantiene en vigencia las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo, a pesar de que la Consejería de Paz del Gobierno solicitaba suspenderlas. El pronunciamiento de la Sala de Casación Penal respalda el criterio de la Fiscalía en la Resolución 142 del 11 de mayo de 2026, que establece que cualquier decisión sobre las Zonas de Ubicación Temporal tiene que estar respaldada en información verificable sobre el cumplimiento efectivo de los requisitos legales del proceso de paz.

La controversia surgió cuando el Gobierno Nacional pidió que se suspendieran esas órdenes de captura para permitir el traslado de los 29 miembros hacia las Zonas de Ubicación Temporal previstas para junio de este año. Sin embargo, la Fiscalía decidió no hacer esa suspensión de manera automática, argumentando que antes necesitaba claridades jurídicas más sólidas y constancia real del avance en las negociaciones con la organización criminal.

Desde la perspectiva de la entidad investigativa, aún falta establecer si se cumplen plenamente las condiciones legales que permitirían otorgar garantías judiciales a los integrantes del grupo que participarían en el plan piloto de concentración. La Corte Suprema coincidió con este análisis e insistió además en la necesidad de respetar los compromisos internacionales que Colombia ha asumido en cooperación judicial, anunciando que permanecerá atenta al desarrollo correcto de estos mecanismos.

Las conversaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo vienen desarrollándose desde septiembre del año anterior en Doha, Catar, dentro de los esfuerzos por avanzar hacia un eventual sometimiento o proceso de paz con esta estructura armada.