La tensión entre la Presidencia y la Fiscalía sobre las órdenes de captura contra el Clan del Golfo acaba de recibir respaldo desde un lugar inesperado. La Corte Suprema, a través de su Sala de Casación Penal, se alineó con la posición de la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien se negó a suspender 29 órdenes de captura contra miembros del grupo delictivo. El tribunal hizo un llamado al presidente Gustavo Petro sobre "el respeto que debe tenerse en relación con los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de cooperación judicial".

Entre los nombres que aparecían en la lista de personas cuyas órdenes de captura se pretendía suspender está alias Chiquito Malo, señalado como cabecilla del Clan y con una orden de extradición pendiente hacia Estados Unidos. Según el comunicado de la Corte, ambas instancias, la fiscal y el tribunal, "comparten los planteamientos que formuló a fin de constatar que todas las medidas adoptadas en el marco de la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal deben, necesariamente, estar precedidas de información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de los condicionamientos legales establecidos respecto al proceso de paz".

El conflicto comenzó cuando la delegación de paz, encabezada por Otty Patiño, presentó una lista de 400 combatientes para trasladarlos en junio a las Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba. Sin embargo, el presidente Petro manifestó su inconformidad porque la delegación incluyó a 29 personas con órdenes de extradición activas, sin haber consultado primero con la Casa de Nariño.

Petro fue claro en sus explicaciones: "La comisión de paz elaboró una lista de 29 personas que incluye extraditables; estaba dentro de sus funciones, pero esa decisión no fue consultada con el presidente". Tras una reunión directa, el mandatario ordenó excluir de esa lista a quienes tuvieran solicitudes de extradición de Estados Unidos. El presidente también subrayó que según la ley, "solo cuando exista un proceso de paz suficientemente avanzado el presidente puede suspender órdenes de extradición".

La decisión del Gobierno de no permitir que extraditables participen en las primeras fases del proceso de paz, como lo señaló Petro, se fundamenta en que "en las primeras fases del proceso no actúan extraditables". Ahora, con el respaldo de la Corte Suprema, la Fiscalía mantiene sus órdenes de captura vigentes, lo que pone nuevos límites a cómo avanzarán los diálogos de paz con el Clan del Golfo en los próximos meses.