La Corte Suprema de Justicia cerró el capítulo de uno de los casos más delicados de corrupción en la cúpula de la Policía colombiana. A través de un comunicado, la Sala de Casación Penal ratificó la condena de siete años de cárcel contra Rodolfo Palomino, el exdirector de la institución, por el delito de tráfico de influencias de servidor público. En su decisión, la Corte fue contundente: Palomino cometió una "inaceptable desviación de poder".

La historia que llevó a Palomino a la cárcel ocurrió cuando aún era director de la Policía Nacional. En 2014, se reunió en la casa de la fiscal Sonia Lucero Velázquez para hablarle sobre una operación contra 14 personas del Fondo Ganadero de Córdoba. Pero ese encuentro no era casual. Palomino fue ahí específicamente para pedirle que detuviera la captura de una persona a la que calificó de "muy influyente". Esa persona era Luis Gonzalo Gallo Restrepo, un ganadero investigado por su presunta participación en la compra de más de 100 predios despojados a campesinos del Urabá Antioqueño. Los hermanos Carlos y Vicente Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, estaban involucrados en esos despojos.

La fiscal Velázquez actuó con prudencia y grabó toda la conversación con su celular. En el audio quedó claro cómo Palomino intentaba manipularla, destacando la cercanía de Gallo con expresidentes y funcionarios internacionales. Incluso mencionó a autoridades como el fiscal general Eduardo Montealegre y el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón para resaltar que la captura tendría repercusiones graves. Esa grabación se convirtió en la prueba que no pudo rebatirse.

Cuando la Corte revisó el caso, rechazó el argumento de la defensa de Palomino sobre una eventual prescripción de la acción. También le dio pleno valor a la grabación. La Sala fue explícita en su comunicado: "no hay dudas de que Palomino López, sirviéndose de su cargo de director de la Policía Nacional, intentó manipular a la fiscal del caso, con el propósito de obstaculizar el curso de la investigación y la materialización de la orden de captura librada contra Gallo Restrepo".

Palomino no solo fue condenado a siete años de prisión. También debe pagar una multa de 174,9976 pesos y quedará inhabilitado por nueve años para ejercer derechos y funciones públicas. Además, se le negó la posibilidad de cumplir la pena en su casa. La Corte fue categórica: "Solicitar directamente en la vivienda de una fiscal que una investigación se dejara quieta, lejos de catalogarse como una conducta inherente a los deberes oficiales que le asistían al general en retiro, se instituyó en un abuso del poder del que, para entonces, estaba investido".