La Corte Suprema cerró el debate sobre uno de los casos más sensibles de violencia policial en Bogotá, confirmando que el patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas es responsable de la muerte de Diego Felipe Becerra, un adolescente de 16 años que estaba haciendo grafitis cuando fue interceptado en la madrugada del 19 de agosto de 2011. Aunque la pena se redujo técnicamente de 450 meses y un día a 400 meses (33 años y 4 meses), el alto tribunal dejó clara una cosa: lo que ocurrió fue un homicidio agravado, no un enfrentamiento.

El cambio en la sentencia fue puntual. La Corte eliminó el agravante de "posición distinguida" porque, según su criterio, ser patrullero —el rango más bajo de la escala operativa policial— no constituye una condición de superioridad o preeminencia social que justifique aumentar una pena. Sin embargo, los magistrados mantuvieron firme lo fundamental: que Alarcón Vargas actuó con dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de causar daño, y que Diego Felipe se encontraba en "estado absoluto de indefensión".

Esa noche, la patrulla llegó al sector porque supuestamente había un atraco a un bus con cuatro jóvenes armados. Cuando los muchachos vieron a los uniformados, corrieron. Alarcón Vargas persiguió a dos de ellos, entre ellos Diego Felipe. Lo alcanzó en una calle cerrada y le hizo un registro. Aquí viene lo determinante: el patrullero verificó personalmente que el muchacho no llevaba armas, solo un morral con latas de aerosol. El mismo Diego Felipe le explicó que estaba haciendo grafitis. A pesar de eso, cuando el joven intentó huir nuevamente, el patrullero sacó su arma.

Lo que sucedió después fue brutal. Disparó una sola vez por la espalda a corta distancia —alrededor de 150 centímetros— e impactó en la región paravertebral derecha del adolescente. La herida causó un "choque hipovolémico masivo" que lo llevó a la muerte poco después de llegar a la Clínica Shaio. La Corte fue enfática: "el uso del arma fue violento, injustificado y desproporcionado, dado que la víctima estaba desarmada, huía y no representaba peligro alguno".

Pero hay más. La sentencia documenta que después del disparo hubo intentos coordinados de alterar la escena de los hechos. Según la investigación, Alarcón Vargas trabajó junto con otros miembros de la Policía, incluyendo mandos como un teniente coronel, para construir una versión falsa de legítima defensa. Se presume que instalaron un arma en la escena para acusar al muchacho, elaboraron informes oficiales mentirosos afirmando que Diego Felipe había apuntado contra el uniformado, y coordinaron versiones para sostener la historia de un enfrentamiento armado que nunca existió. Todo esto derivó en investigaciones paralelas por fraude procesal y falsedad en documento público.

La Corte Suprema fundamentó su conclusión sobre el dolo en hechos contundentes. El patrullero había recibido capacitación en uso de armas apenas tres días antes, así que conocía perfectamente que disparar contra una persona desarmada y de espaldas era ilegal. Además, existía una desproporción evidente en el uso de la fuerza: se trataba de un menor sin armas ni capacidad de defenderse.

Con esta sentencia de casación, la máxima corte penal del país cerró el debate. No absolvió a nadie. Ratificó que Wilmer Antonio Alarcón Vargas cometió un homicidio agravado contra un adolescente indefenso, con un uso de la fuerza que ningún marco legal puede justificar.