La Corte Suprema de Justicia cerró el debate sobre los delitos de corrupción de Juan Carlos Abadía al ratificar su condena a 21 años y 7 meses de cárcel. El exgobernador del Valle del Cauca fue hallado culpable de actuar de manera irregular en la contratación para equipar con bibliotecas escolares a instituciones educativas de la región.

El magistrado ponente Gerardo Barbosa Castillo firmó el documento el 10 de junio de 2026, después de que la Sala de Casación Penal revisara el recurso de apelación presentado por la defensa del ex mandatario. En su decisión, la Corte concluyó que "el conjunto probatorio permite afirmar, con el grado de convicción exigido por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, que los hechos relevantes quedaron demostrados" y que la responsabilidad penal de Abadía "fue declarada sobre bases racionales", según lo planteó el Ministerio Público.

El caso gira en torno a un convenio de cooperación que suscribió la Gobernación del Valle del Cauca con la Fundación Calimío por 1.072 millones de pesos. El propósito era entregar material bibliográfico a 40 instituciones escolares ubicadas en 10 municipios del departamento. Sin embargo, la Corte encontró que este convenio fue celebrado de manera irregular para evadir los requisitos legales de una licitación pública y favorecer a terceros.

Lo grave es que la Sala Especial de Primera Instancia determinó que Abadía actuaba sabiendo que violaba la ley. Según la sentencia, se "acudió a un convenio de interés público con el fin de no hacer una licitación y favorecer a terceros, pues lo contratado implicaba una contraprestación y el monto superaba la menor cuantía. Tampoco se elaboraron estudios previos serios y completos en los que se identificara las necesidades reales de las instituciones educativas que se pretendía beneficiar".

Los investigadores también documentaron que la Fundación Calimío contrató con dos empresas la adquisición de los libros, pero en esas negociaciones surgieron sobrecostos que permitieron a los representantes legales de la fundación y a esas dos compañías apropiarse de recursos públicos. Este mecanismo de corrupción es lo que llevó a que Abadía fuera procesado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía.

Desde febrero de 2024, cuando la Corte negó la solicitud de prisión domiciliaria, Abadía cumple su condena bajo custodia. Fue trasladado a la Escuela de Caballería de la Policía Metropolitana de Cali, donde permanece privado de su libertad mientras agota los recursos legales que le quedan disponibles.