La justicia colombiana cierra el cerco alrededor de los congresistas envueltos en el escándalo de la UNGRD. Una ponencia de casi mil páginas del magistrado Misael Rodríguez, revelada por El Tiempo, pide que se acuse formalmente y se envíe a la cárcel a cinco parlamentarios y un exlegislador por su presunta participación en una red que manipuló votos en las comisiones económicas del Congreso. El mecanismo era simple pero efectivo: a cambio de aprobar operaciones de crédito, los congresistas supuestamente recibieron contratos de la UNGRD para proyectos en lugares como Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar.

Los señalados son Wadith Manzur, quien acaba de llegar al Senado con más de 110 mil votos, y Karen Manrique, reelecta a la Cámara con casi seis mil votos por las Curules de Paz. También están Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar y el excongresista Juan Diego Muñoz. Todos fueron imputados por el delito de cohecho impropio, una acusación que admite la existencia de un acuerdo corrupto.

Los testimonios que sustentan estas acusaciones comenzaron a fluir en junio de 2024, cuando Olmedo López, exdirector de la UNGRD, compareció ante la fiscal María Cristina Patiño. En uno de esos interrogatorios, López explicó cómo funcionaba la operación. Según su relato, Karen Manrique actuaba como enlace entre el Gobierno y el Congreso en decisiones sobre gestión del riesgo. Las negociaciones se hacían directamente en el Ministerio del Interior, donde se definían los contratos y luego se asignaba un congresista para informar sobre los avances.

Cuando surgió la necesidad de reemplazar a Manrique, la decisión recayó en Wadith Manzur, quien asumiría el rol junto con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Ambos ya están presos por este caso. Olmedo López incluso contactó al subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, mediante videollamada desde la oficina del ministro el 15 de diciembre de 2023 para ponerlo al tanto de lo sucedido.

La ponencia ha generado intensas discusiones en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, tanto que fue necesario designar dos conjueces para destrabar el debate: Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, ambos abogados con amplia trayectoria en derecho penal. La Corte también ordenó investigar otros hechos relacionados y a un tercero mencionado en la pesquisa. La decisión definitiva sobre las acusaciones y medidas de aseguramiento se tomaría en la siguiente sesión, tras analizar los nuevos argumentos que presenten las partes.