En un fallo que rompe con la severidad tradicional del sistema penal, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión inusual: ordenó la libertad inmediata de una mujer condenada por porte de drogas, reconociendo que su caso era ante todo un problema de salud pública y pobreza extrema, no de criminalidad organizada.

El caso de Leidy Tatiana Rojas Fierro llegó a los magistrados después de una condena inicial de 8 años. La mujer había sido sorprendida en las calles del centro de Bogotá con 225 gramos de cocaína. Pero cuando la Corte examinó a fondo su vida, descubrió un panorama desolador: comenzó a consumir sustancias psicoactivas apenas a los 12 años, vivía en marginación extrema y para poder seguir comprando droga se veía obligada a prostituirse y a mendigar en las calles capitalinas. No era una traficante, era una víctima de sus propias circunstancias.

Así lo entendió la Sala Penal en su decisión número 61238 del 19 de octubre de 2021. Los magistrados casaron, es decir modificaron, la sentencia original del Tribunal Superior de Bogotá. Reconocieron formalmente su situación de marginalidad extrema y redujeron su condena a apenas 16 meses de prisión más una multa simbólica equivalente a 0,33 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. Como la mujer ya había cumplido más tiempo del que le corresponde, la Corte ordenó su libertad de manera inmediata.

Pero aquí viene lo más importante de todo. La Corte no simplemente la soltó a la calle. Mandató directamente a la Alcaldía de Bogotá y al Ministerio de Salud para que no la abandonen una vez recupere su libertad. La Alcaldía debe vincularla a un programa integral de rehabilitación, mientras que el Ministerio de Salud debe acompañar todo el proceso con atención en medicina general, medicina familiar y tratamiento psicológico. Los magistrados fueron claros: no hay recurso posible contra esta orden, debe cumplirse ya mismo para proteger la vida y la dignidad de esta ciudadana.