La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que sacude el panorama político del país. En una indagatoria celebrada el jueves 18 de junio, bajo la dirección de la magistrada Cristina Lombana, se ordenó la detención domiciliaria de la senadora Martha Peralta Epiayú, integrante del Pacto Histórico. La medida surge en el contexto de la investigación que sigue la corte por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, vinculados al caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Lo particular de esta decisión es que fue tomada por un único despacho, no de manera colegiada como tradicionalmente sucede en estas actuaciones. Se trata de una medida temporal cuyo propósito es, según lo indicado por la corte, "garantizar la comparecencia de la congresista" a la diligencia que estaba programada para el viernes 19 de junio.

La investigación tiene sus raíces en lo que se ha configurado como una presunta red de direccionamiento de contratación con el fin de influir en los apoyos legislativos hacia las reformas del Gobierno Nacional. De acuerdo con la Fiscalía, en esta estructura habrían participado exfuncionarios de alto nivel, entre ellos los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, a quienes se señala de coordinar una organización con roles bien definidos para asegurar mayorías en el Congreso.

En ese engranaje, Peralta aparece mencionada como presunta articuladora de una estrategia política diseñada para consolidar respaldos a la reforma pensional. Antes de ingresar a la Sala de Instrucción ubicada en el norte de Bogotá, la senadora cuestionó el proceso y lo calificó como una supuesta "persecución política en su contra", rechazando así los señalamientos en su contra.