Un golpe judicial golpeó el Congreso esta semana. La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a cinco congresistas y un exparlamentario por el delito de cohecho impropio relacionado con el escándalo de corrupción en la UNGRD. Pero lo más llamativo es que dos de los acusados, Wadith Manzur y Karen Manrique, acababan de ser reelegidos para el próximo período legislativo. Ambos fueron ordenados a prisión de manera inmediata.

La investigación se remonta a eventos ocurridos en la segunda mitad de 2023. En ese entonces, estos legisladores formaban parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, el órgano responsable de evaluar y conceptuar sobre operaciones de crédito del Estado. Según lo investigado, habrían recibido ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda. El acuerdo era claro: a cambio de que aprobaran las operaciones crediticias que interesaban a esa cartera, recibirían beneficios adicionales.

La supuesta contraprestación ofrecida a los congresistas fue muy específica. En varias reuniones se habría pactado que a cambio de impulsar el trámite de los créditos, la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres) adjudicaría proyectos de contratación y obras de interventoría en Córdoba, Arauca y Bolívar. Así, el esquema funcionaría como un intercambio de favores públicos: aprobación legislativa a cambio de proyectos concentrados en regiones específicas.