La Corte Suprema de Justicia cerró la puerta a un alivio de la medida de aseguramiento para la congresista Karen Astrith Manrique Olarte. Por mayoría, la Sala de Instrucción rechazó su solicitud de cambiar la prisión en la guarnición militar de Malambo, en el Atlántico, por arresto en su casa. La decisión deja en firme que permanecerá privada de la libertad mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Con esta misma determinación, el alto tribunal confirmó el llamado a juicio contra otros congresistas investigados por presunto cohecho impropio. Junto a Manrique, enfrentarán proceso Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Todos están señalados por su presunta participación en un entramado de corrupción ligado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Según las investigaciones de la Corte, estos legisladores habrían gestado en 2023 un acuerdo para que el Gobierno Nacional les favoreciera con contratos a cambio de respaldar ciertos intereses mediante votos en el Congreso, particularmente en temas de cupos indicativos. La Corte identificó que se habrían interesado en al menos tres proyectos de la UNGRD por cerca de 94 mil millones de pesos, destinados a obras en municipios como Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y Carmen de Bolívar en Bolívar.

La Sala de Instrucción consideró que existen elementos suficientes para inferir que los investigados podrían estar involucrados en otros posibles hechos de corrupción. Este análisis fue clave para mantener las medidas restrictivas de libertad. El tribunal también tuvo en cuenta que varios de los implicados fueron reelegidos al Congreso, lo que a su criterio podría representar riesgos para el normal desarrollo de la investigación.

Ahora el expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, que tomará la batuta del proceso y adelantará los juicios correspondientes. Este caso se ha posicionado como uno de los mayores escándalos de corrupción que enfrenta actualmente el Gobierno, tras las denuncias sobre irregularidades en la contratación y el manejo de recursos destinados a la atención de emergencias y proyectos en diferentes regiones del país.

Con esta decisión, la Corte Suprema reafirma su postura frente a los hechos investigados y mantiene su determinación de que figuras políticas señaladas de participar presuntamente en una red de corrupción ligada a contratos públicos e intercambio de favores permanezcan privadas de la libertad durante el proceso.