La Corte Suprema de Justicia decidió intervenir directamente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para saber qué está pasando con las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro. Funcionarios de policía judicial fueron asignados para realizar una inspección que busca aclarar si existen demoras o irregularidades en el manejo de los expedientes, particularmente el que trata sobre la presunta violación de los topes de financiación en la campaña presidencial de 2022.

La orden viene del despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien lidera este proceso después de que se presentara una denuncia alertando sobre posibles dilaciones y falta de movimiento en las investigaciones. Lo preocupante es que a pesar de la gravedad de los señalamientos, el trámite en la Comisión de Acusaciones prácticamente no ha avanzado, lo que motivó a la Corte a meter las manos directamente en el asunto.

Hay antecedentes que refuerzan la importancia de esta intervención. El Consejo Nacional Electoral ya había sancionado la campaña presidencial por superar los límites de gasto permitidos, y compulsó copias para que se adelantaran investigaciones adicionales. Además, se han advertido posibles inconsistencias en los reportes financieros, en particular en gastos de transporte aéreo que aparentemente fueron incluidos de manera irregular.

La Corte ahora también analiza la actuación de los representantes que están encargados del caso dentro de la Comisión de Acusaciones, mientras presiona para que se revise el estado del proceso y se identifiquen los obstáculos que han impedido su desarrollo. La inspección pretende esclarecer qué ha causado estos retrasos y si ha habido actuaciones indebidas que explicuen por qué un caso de esta envergadura está tan estancado.