La Corte Suprema de Justicia decidió poner lupa sobre lo que está pasando en la Comisión de Acusación de la Cámara respecto a las investigaciones sobre presuntas violaciones a los topes de gasto en la campaña Petro Presidente 2022. El martes pasado, la magistrada Cristina Lombana ordenó una inspección directa a las instalaciones de esa comisión para revisar en terreno cómo van los procesos y qué han hecho los funcionarios encargados de estas investigaciones.

Lo que busca la Corte es nada más ni nada menos que determinar si ha habido retrasos sin justificación o si alguien está obstaculizando las investigaciones sobre cómo se financió esa campaña presidencial. En otras palabras, quieren saber si los expedientes avanzan como debe ser o si simplemente se quedaron dormidos en los escritorios.

Esta inspección llega después de un golpe fuerte que vino en noviembre: el Consejo Nacional Electoral impuso una sanción sin precedentes a la campaña Petro. El organismo determinó que los topes de financiación se superaron de manera significativa en ambas vueltas electorales y que hubo irregularidades graves como financiación de fuentes prohibidas, omisión de reportes y presunta manipulación contable.

Los números no mienten. En la primera vuelta, el exceso en ingresos y gastos fue de 2.459 millones de pesos, mientras que los reportes omitidos sumaron 2.611 millones. Por eso el CNE ordenó devolver 2.447 millones de pesos al Estado. En la segunda vuelta el panorama fue similar: un exceso de 583 millones en gastos y omisiones que rondaron los 1.087 millones. En total, más de 3.500 millones de pesos en irregularidades.

Entre los movimientos de dinero que no fueron reportados había pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas y gastos en transporte aéreo. El CNE además concluyó que parte de esa financiación vino de bolsillos que no estaban permitidos y que se escondieron aportes que debían ser públicos.