En plena investigación contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña política, se generó un enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La magistrada Cristina Lombana ordenó una inspección a esa corporación legislativa para determinar si hay posible obstrucción o dilaciones en el proceso que adelantan los representantes Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo.

Lo que complica la situación es que esta inspección se realizó sin que antes se hubiera resuelto una recusación presentada contra la propia magistrada Lombana. El representante Alirio Uribe pidió que fuera apartada del caso, argumentando que "la adopción de medidas probatorias mediante las cuales se ha requerido la remisión de información amplia y detallada no solo respecto de los representantes investigadores que investigan al aforado presidente de la República, sino también de sus equipos de trabajo y entorno funcional". Hasta ahora esa solicitud sigue sin resolverse dentro de la sala de la Corte.

Investigadores y funcionarios de la Comisión de Acusación señalaron de manera extraoficial que la diligencia ordenada por Lombana podría considerarse ilegal precisamente porque debió haberse resuelto primero esa recusación. A pesar de estas críticas, las fuentes indican que la inspección continúa su curso y tomará varias horas, considerando que la investigación contra el presidente contiene más de 40 cuadernos con toda la documentación acumulada.