El caso de corrupción que sacudió a la UNGRD sigue sin resolverse en la máxima instancia judicial. Seis congresistas de diferentes bancadas siguen a la espera de una decisión de la Corte Suprema sobre si serán enviados a prisión preventiva mientras avanza su proceso. Se trata de Wadith Manzur del Partido Conservador, Liliana Bittar y Julián Peinado del Partido Liberal, Karen Manrique con la curul de paz, Juan Pablo Gallo también del Partido Liberal, y Juan Diego Muñoz de Alianza Verde. Su destino judicial se mantiene en el limbo.

El 5 de marzo de 2026, la Sala de Instrucción no pudo definir la suerte de estos legisladores. Aunque hubo consenso para enviarlos a juicio, cuando se votó sobre si debían permanecer detenidos, los magistrados quedaron divididos tres a tres. Esta división abre la puerta a que dos conjueces tengan que tomar la decisión final, pero enfrentan un obstáculo: cuentan con apenas una semana para revisar un expediente de 800 páginas. La realidad es que ese plazo resulta prácticamente imposible, lo que garantiza que el proceso se prolongará varios meses más.

Al interior de la Sala ha habido confrontaciones y tensiones entre los magistrados. Algunos de ellos que fueron investigados por la Comisión de Acusaciones han recibido apoyo de congresistas involucrados en el mismo caso. Otros magistrados insistieron en que esta era la oportunidad de que la Corte enviara una señal clara en época electoral, tanto a los congresistas como a los votantes colombianos. Sin embargo, esa ocasión se perdió.

Lo que quedó al descubierto es una estrategia clara de dilación. Magistrados han presentado oposiciones innecesarias, promovido comisiones que no venían al caso y entorpecido la posición del magistrado ponente. Todo esto ha ganado tiempo valioso para los acusados y sus defensas, permitiendo que algunos de ellos sigan en sus curules mientras se resuelve su situación legal. La incertidumbre persiste en un caso que el país seguía con atención.