La Corte Suprema de Justicia está a punto de tomar una decisión que puede cambiar significativamente el panorama legislativo del país. Este miércoles, la Sala de Instrucción se reunirá para votar si acoge la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que pide llevar a juicio a seis congresistas y ordenar su envío a la cárcel por su presunta participación en un esquema de corrupción dentro de la UNGRD. Los investigados son Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Karen Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz. El timing no es casual: la decisión se toma cuando el Congreso se prepara para una reconfiguración institucional.

La ponencia no solo solicita que se inicien juicios en su contra por cohecho impropio, sino que también pide que sean encarcelados bajo medida de aseguramiento intramural. Según la postura del magistrado, estos congresistas representarían un riesgo para la sociedad e interferirían en las investigaciones que aún están en curso. Sin embargo, todos los señalados mantienen su posición de inocencia y aseguran ser víctimas de acusaciones infundadas.

El caso se sustenta en una investigación robusta. La Corte ha reunido más de 50 elementos documentales y al menos 10 testimonios que alimentan la hipótesis central: que estos legisladores, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado avalar operaciones de crédito del Ministerio de Hacienda a cambio de contratos irregulares que se materializarían en la UNGRD. Específicamente, los supuestos favores correspondían a proyectos que se tramitarían en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).

Lo que da peso a las acusaciones es el testimonio de exfuncionarios de alto nivel. Sandra Ortiz, exasesora para las Regiones y actualmente detenida, declaró sobre una reunión de consejo de ministros donde Luis Fernando Velasco, entonces ministro y también en prisión, habría propuesto que miembros del gabinete acompañaran directamente a ciertos congresistas para asegurar que sus votos se alinearan con los intereses del Ejecutivo. Otro testimonio crucial es el de Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, quien relató haber detectado irregularidades en el manejo de recursos de Hacienda durante la gestión de Ricardo Bonilla, quien también está detenido por este escándalo.

El patrón sospechoso se hizo evidente en cifras. Entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre del año anterior, la comisión emitió 13 de los 18 conceptos que el Ministerio de Hacienda presentó para consideración durante todo el 2023. Esa concentración anómala de aprobaciones en los últimos días forma parte de los indicios que sustentan la investigación.

De forma paralela, existe una investigación preliminar contra el senador Julio Elías Chagüi Flórez del Partido de La U, aunque la Corte consideró que los hechos en su caso corresponden a irregularidades distintas de las que se investigan actualmente.